El estado actual del Fondo del Conurbano es una prueba del caos que existe en la distribución de ingresos tributarios entre la nación y las provincias. La provincia de Buenos Aires reclamó ante la Corte Suprema contra el congelamiento de los recursos del Fondo del Conurbano que data de 1996, ante la total pasividad de los gobiernos desde ese momento hasta el presente, abarcando un período de 21 años.

Ese fondo creado en 1992 destinaba el 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias para integrar sus recursos, algo que se cumplió sólo durante 4 años. En 1996, se congeló el monto en 650 millones de pesos, por lo cual hoy la gobernadora María Eugenia Vidal en su presentación estima en 460 mil millones de pesos lo que se le debe a la provincia. Además, demanda que la Corte Suprema obligue al gobierno nacional a que, a partir del presupuesto para el 2018, le comience a pagar el 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias, monto que se estima en 50 mil millones de pesos.

Es un verdadero ultraje lo que se le viene haciendo a la provincia de Buenos Aires en materia de distribución de impuestos coparticipables. Mientras aporta el 40%, sólo recibe el 18% en retorno. El gobierno central, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los beneficiarios de esta tremenda injusticia tributaria.

Todas las provincias han reaccionado con gran rapidez para pedir a la Corte que no haga lugar a la petición de la provincia de Buenos Aires, algo a lo que es muy difícil que el Supremo Tribunal pueda acceder, dada la clara injusticia que existe. Al mismo tiempo, es también difícil que pueda admitir totalmente ese reclamo de Vidal, porque se produciría una conmoción en las finanzas provinciales ya severamente deterioradas.

La dirigencia política del país está en grave mora en cumplir con lo que se estipuló en la reforma constitucional de 1994, que requiere un nuevo acuerdo entre todas las partes para implantar un sistema de coparticipación que recoja la experiencia histórica y supere las fallas existentes en el presente ordenamiento, que más bien debería llamarse "desordenamiento".

Los gobernadores peronistas no kirchneristas ofrecerían al presidente Mauricio Macri un pacto de gobernabilidad; sería la gran oportunidad para que este se traduzca en una revisión profunda de todas las relaciones financieras entre las provincias, incluida la Ciudad Autónoma, con el gobierno central, para crear las bases económicas de un nuevo federalismo que supere todas las enormes fallas que hoy dominan esta problemática nacional, porque generaría la estabilidad y la previsibilidad institucional que tanto necesita el país.

Ese pacto de gobernabilidad debería superar ampliamente la temática de la distribución de ingresos e incursionar también en el cierre definitivo de las deudas y los créditos entre el gobierno central y las provincias, el crítico tema de los adelantos transitorios, la reestructuración de las deudas provinciales con una visión de largo plazo no inferior a 30 años, el modo de financiar grandes obras de infraestructura, el acceso al financiamiento externo, la forma de financiar el apoyo a las municipalidades, la manera de lograr que las provincias tengan un déficit fiscal cero estableciendo un control independiente de las cuentas públicas; todos puntos centrales de una reforma revolucionaria de las finanzas estatales en todo el territorio nacional.

En Estados Unidos, Hamilton, con su extraordinaria contribución a la creación de un Estado federal como poder central, en sustitución de la Confederación de 13 estados que existía, hizo posible esa tremenda hazaña al ofrecer que el Estado federal se hiciera cargo de todas las deudas de guerra de las provincias, para lo cual creó las bases para la emergencia del dólar como moneda única de la nación, estableciendo un ordenamiento profundo de las finanzas del gobierno central, todo lo cual hizo posible que los estados aceptasen esa fórmula y accedieran a subordinar su soberanía en aras de la formación de los Estados Unidos. Ese texto constitucional fue aprobado en la Convención Constituyente de Filadelfia de 1792 y es la Carta Magna que rige desde esa fecha hasta nuestros días en dicho país.

¿Sería irracional que el Estado central en Argentina, luego del clearing entre deudas y créditos, asumiese como propia la deuda de las provincias en contrapartida de una supervisión de sus finanzas, a fin de cumplir con la meta cero de déficit fiscal? Quizás muchos lo consideren así, sin embargo Argentina necesita de ideas audaces pero realizables con aportes de todas las fuentes, porque los déficits estructurales son tantos y de tanto tiempo que no hay más lugar para los parches, porque estos crean nuevos desequilibrios y el resultado es mayor profundidad de la debilidad estructural del país, causa de todos los males que la afectan.

El tema urgente para hacer frente a lo que reclama la provincia de Buenos Aires se concreta en dos preguntas: ¿Con qué mecanismo hacer frente a la deuda de 460 mil millones que se le debe a esta? ¿De dónde vendrían los fondos para integrar el 10% del impuesto a las ganancias que se le tendría que pagar a partir del año próximo? Estos dos temas no deben ser resueltos por la Suprema Corte, sino por la dirigencia política del país porque para ello se la llama tal. El Fondo del Conurbano no es un tema judicial, es un grave tema político y son los políticos los que tienen que encontrar la solución.