La Justicia investiga una posible maniobra de corrupción policial que se habría producido en el proceso de reparación de patrulleros: simulaban un auto roto, ese auto iba a parar a un taller que supuestamente lo reparaba, pero se sospecha que el dinero quedaba en el camino. 

Todo comenzó a saberse en 2016, cuando el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, recibió en su despacho una denuncia anónima sobre una serie de contrataciones que efectuaban efectivos de la fuerza para reparar y plotear automóviles pero que nunca se llevaban a cabo.

La documentación fue remitida el 4 de mayo de este año al Ministerio Público de la Acusación para que actúe de oficio e inicie una investigación, lo que terminó en una serie de allanamientos en talleres mecánicos de la ciudad de Santa Fe y en Rosario a cargo del fiscal Roberto Apullán.

Fue allí cuando se secuestraron diez automóviles para que Gendarmería determine si los móviles que debían ser reparados tuvieron verdaderamente alguna intervención mecánica. ¿El resultado? El 31 de mayo los peritajes arrojaron que la mitad no habían sido reparados ni tampoco tuvieron alguna intervención mecánica en los talleres donde se contrató el servicio.

La causa se tramitó bajo un hermetismo absoluto y no hubo mayores novedades hasta que este martes detuvieron al ex jefe de la Policía de la Provincia, Rafael Grau, y otros funcionarios.