El proyecto de reforma previsional, que se encamina a lograr sanción definitiva este jueves en la Cámara de Diputados, contiene algunos aspectos polémicos que motivaron severos cuestionamientos, en especial en lo que atañe al cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria.

De acuerdo al dictamen -que pese a las duras resistencias se mantiene idéntico al texto aprobado en el Senado-, el sistema para el cálculo de los haberes dejará de tomar en cuenta, como uno de sus componentes, a la recaudación del fisco, y será reemplazado por otra fórmula que contempla en un 70 por ciento la variación de precios al consumidor que elabora mes a mes el INDEC, y en un 30 por ciento la evolución salarial por índice RIPTE.

También prevé un adicional anual del 5% de la evolución del Producto Bruto, que en lo concreto no varía prácticamente la suma a cobrar por los jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Es decir que si el PBI crece, por ejemplo, un 4%, el adicional que se pagará por única vez en el año sería de apenas el 0,2%.

Además, el ajuste de los haberes pasará a ser trimestral y no semestral como sucede con el método vigente. Otro aspecto que despierta objeciones es el criterio que permitirá extender de manera optativa la la vida laboral activa hasta los 70 años.

El problema que los detractores a la norma señalan es que la permanencia en el mercado de trabajo de adultos mayores traería aparejado un impacto negativo en lo que refiere a la inserción laboral del segmento juvenil.

Por otra parte, si el empleado decidiera seguir trabajando después de los 65 años, el empleador no estará obligado a realizar el aporte previsional.

Otro punto clave de la reforma es que aquellos trabajadores que se jubilen con 30 años de aportes activos tendrán una garantía del 82% sobre el salario mínimo, vital y móvil.

Quedarán afuera de ese beneficio aquellos que se jubilen por moratoria y a quienes no les corresponda el beneficio de la PBU (Prestación Básica Universal).