Desde que el gobierno nacional habilitó la discusión en el Congreso en torno a la despenalización del aborto, muchos ya se pronunciaron a favor y en contra de esta decisión. Tal es el caso del senador macrista Federico Pinedo anticipó su negativa al proyecto y pronosticó que si el tema llega a la Cámara alta la mayoría de sus pares votará en contra, incluyendo a Cristina Fernández de Kirchner.

La opinión de la iglesia sobre el tema no se hizo esperar: la Comisión Directiva de la Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado en el que planteó la necesidad de que se produzca en la Argentina un debate "sincero y profundo".

Distinta es la posición del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, quien manifestó su clara opinión a favor, debido a que la interrupción de un embarazo puede interpretarse como “un problema de salud”, “social” o "de conciencia” pero “de ninguna manera puede ser un tema penal”.

Santa Fe es vanguardista en lo que se refiere al tratamiento de este tema. La provincia es una de las primeras en tener un protocolo de acción ante los diferentes casos en los que se puede llevar a cabo la interrupción del embarazo. Mariano Figueroa, representante de la comunidad dentro del Hospital Iturraspe, dialogó con LT10 sobre cómo se actúa en estos casos desde este nosocomio.

Cuando una mujer llega al Hospital Iturraspe planteando la interrupción del embarazo, es abordada por un equipo interdisciplinario que incluye médicos, asistentes sociales y piscólogos, que analizan la situación particular desde todo punto de vista. En el hospital sólo se practican abortos en casos donde la mujer sufrió una violación, o si hay alguna patología de base que pone en riesgo su vida; en cualquier otro caso, los médicos se niegan a hacerlo por ser "objetores de conciencia". Allí no se hacen intervenciones y tampoco se distruyen las pastillas de Misoprostol, fármaco con el que se suspenden las gestaciones tempranas. 

La diferencia es sustancial con lo que se hace en los centros de salud periféricos: las mujeres que acuden a estos centros con embarazos recién comenzados y los quieren interrumpir, pueden conseguir ahí la pastilla, luego de ser contenida por un equipo de profesionales. Según Figueroa, en estos lugares, "el año pasado se distribuyeron 250 cajas de Misoprostol en 25 centros de salud". Una vez que es demasiado tarde para que esa medicación surta efecto, no hay otra alternativa y la mujer debe continuar con su embarazo. "Si el riesgo de vida de la paciente es crítico, la provincia busca garantizar la interrupción para salvar la vida de la madre".

"Mi rol es plantear la discusión porque necesitamos un servicio de ginecología con otra cabeza", indicó Figueroa, que además aseveró que las mujeres necesitan acompañamiento en estos casos, "no que les cierren la puerta". Como representante de la población, exigió que los centros de salud tengan un aval legal para poder garantizar el derecho de las mujeres: "es muy complejo lo que se hace en los centros de salud... es lo que nosotros esperamos que se haga en el hospital".

Por último, aseguró que "los equipos de atención primaria son los que le ponen el pecho a la situación", porque no hay una ley que le dé un respaldo a estas acciones, por esto destaca la importancia del tratamiento con responsabilidad de esta discusión por parte de los legisladores. "Si viene una ley, terminaremos de saldar una deuda con las mujeres", cerró.

Audio: Escuchá la entrevista con Mariano Figueroa