Esta semana será intensa y el miércoles se trata en el Senado el proyecto de legalización y despenalización del aborto. Después del intento de varias modificaciones en un par de temas, entre ellos, uno de los más importantes, tiene que ver con los objetores de conciencia. Un grupo de médicos anunciaron que si el proyecto es Ley recurrirán a la Justicia para pedir la nulidad de la Ley.

En diálogo con LT10, en el programa El Cuarto Poder, Marcelo Alegre, que es abogado, doctor en ciencias Jurídicas en la Universidad de Nueva York y es especialista en el tema, afirmó que “con respecto a la objeción de conciencia, no se puede hacer de manera institucional ya que es una decisión personal y solo así se puede realizat y lo admite el proyecto con media sanción en Diputados”. Y siguió: “no hay nada que ampare y afirme que una institución pueda presentarse como objetora de conciencia. Esto no puede convertirse en una barrera para no respetar la decisión de una mayoría. Por otro lado, no existe parámetro legal para que una institución pueda decir acá no se hacen abortos. Las instituciones no tienen conciencia, las personas sí. Es una decisión y un derecho constitucional personal. Nadie puede hacer algo que se oponga a sus principios”, destacó.

“Este proyecto lo que tiene de interesante es que permite a los profesionales de la salud ser objetores de conciencia pero a la vez establece que las instituciones deben organizarse para que en ese lugar se pueda realizar la práctica de la mejor manera. En este caso abarca todas las opciones y no hay barreras para las mujeres que quieran hacer un aborto”.

En otro momento de la charla y consultado sobre casos específicos que ocurren en Santa Fe donde subordinados podrían presentar cierta “debilidad” ante un jefe del servicio, Alegre explicó que “no puede haber una bajada de línea y se debe respetar las decisiones individuales. Para eso debe existir un registro de objetores de conciencia. La organización de quienes sí y quienes no, es un responsabilidad pura de los servicios de Salud. Se tiene que saber quienes lo harán y quienes no. No se puede permitir y no es aceptable que un jefe de servicio se quede sin personal para hacer las prácticas porque todos se manifiesten como objetores de conciencia.

Para finalizar al ser consultado sobre la situación en una clínica privada el especialista explicó que “la situación es la misma. No pueden estar optando por hacer o no hacer en caso que la Ley salga. Si puede haber objetores de conciencia y deben organizarse para garantizar que exista personal para hacer las practicas en caso que alguien la requiera. No puede haber una barrera al acceso. Los que defienden la objeción institucional están defendiendo y se exponen a una institución a no realizar un aborto de urgencia donde una mujer puede morir. En ese caso la objeción de conciencia pasa de ser una opción de defensa del personal a una prohibición y abuso sobre los derechos de las mujeres. La objeción es un escudo que lo defiende de hacer algo que no quiere. Jamás puede ser una espada para avanzar sobre los que piensan de otra manera”.