El objetivo es anticiparse a nuevos casos de conflicto de intereses. Sumar controles para evitar un nuevo dolor de cabeza. El presidente Mauricio Macri ya tiene listo para firmar un decreto donde establece un nuevo régimen que incluirá la consulta de tres organismos: la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Procuración del Tesoro.
Ante la primera alarma se disparará el nuevo método de verificación. Cada ministerio tendrá la obligación de detectar posibles problemas. En cuanto se identifique un reclamo contra el Estado en el que estén involucrados el jefe del Estado o la vicepresidenta, Gabriela Michetti, el tema será enviado a la Casa Rosada. Y de ahí irá para su consulta a la Procuración, la OA y la Sigen, según anticiparon a LA NACION fuentes de la Casa Rosada.
"Tenemos que mostrar la mayor transparencia posible en los temas que puedan generar mayor sensibilidad en la sociedad. Es una precaución adicional", explicó uno de los hombres que trabajaron en la letra del decreto, al que sólo le falta la firma de Macri. Así, el Gobierno espera reducir el margen de errores, como en los que incurrió hace una semana y que obligaron al Presidente a dar marcha atrás con dos decisiones polémicas, que le trajeron durísimas críticas de la oposición y algunos aliados: el acuerdo con el Correo y los cambios en el cálculo de los haberes jubilatorios. El decreto es una respuesta directa al golpe que significó el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, empresa propiedad del grupo Macri.
Desde la Casa de Gobierno destacaron que de esta manera también se incluye "un régimen informativo especial". Es que el procurador general del Tesoro, Carlos Balbín, además de brindar asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo, debe informar sus actividades al Congreso cada seis meses. "Más voces reducen el margen de error. Más transparencia genera más confianza. La decisión está tomada", destacaron fuentes oficiales.
En principio abarcará sólo los casos de conflicto de intereses que puedan generar reclamos contra el Estado en los que el Presidente y su vice actúen como querellantes o demandados. También se está evaluando extender esta medida a las licitaciones, entre otras cuestiones.
"Queremos que el Gobierno empuje conductas que mejoren el funcionamiento del Estado", aseguró un funcionario que tiene despacho en la Casa Rosada y línea directa con Macri.
¿Por qué no involucrar a otro poder del Estado?, preguntó LA NACION a uno de los cerebros detrás del decreto. "Simple: la política tiene una forma de resolver los conflictos de forma binaria. Todo es blanco o negro. Esa forma de concebir la política no sirve para la administración pública", razonó el funcionario con acceso al despacho presidencial.
Después de atravesar una de las peores semanas desde que asumió el poder, y antes del viaje por España, Macri puso en marcha a un grupo de asesores que trabajó contra reloj para armar el nuevo sistema.
Tras la concreción del primer borrador, se consultó a Balbín; a Ignacio Rial, que está al frente de la Sigen, órgano rector del sistema de control interno del Estado nacional, y a Laura Alonso, quien desde la OA tiene por objetivo elaborar "programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la gestión pública".
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Aunque aún no está definido cuándo verá la luz, en la Casa Rosada especulaban con que el decreto podría salir publicado pasado mañana, justo el día en que Macri se presenta ante la Asamblea Legislativa para dar comienzo al año. "Sería una buena señal", destacaron fuentes oficiales.
De esa manera, en el Gobierno esperan morigerar las críticas que creen recibirá el Presidente en el Parlamento.
"La vuelta a foja cero" del acuerdo entre el Estado nacional y el Correo Argentino, que controlan los hermanos y los hijos del Presidente y que se encuentra en convocatoria de acreedores desde fines de 2003, y la marcha y contramarcha con los cambios en los haberes jubilatorios, que estaban a punto de aplicarse el mes próximo y que significaban una merma de 0,3 por ciento al aumento de 12,95 por ciento previsto por la ley de movilidad jubilatoria, generaron un impacto profundo en el Gobierno. El enojo del jefe del Estado duró varios días. Recién se calmó en España, tras el "éxito" de su visita.
Macri quiere dejar atrás los tropiezos que provocaron una leve caída de su imagen, según distintas consultoras, y abrieron el debate sobre cómo está llevando adelante el Gobierno la toma de decisiones.
El decreto, consideraron en el Gobierno, servirá para anticiparse a posibles polémicas, aunque, como en el caso del Correo, dependerá de las acciones que tomen sus subordinados. Es que cada vez que surge el apellido Macri nadie se quiere meter. "De un lado o de otro siempre perdés", reconoció uno de los asesores del Presidente.
Las claves de la iniciativa
Alarma temprana
Según el decreto que prepara el Gobierno, cada ministerio deberá informar a la Casa Rosada cuando detecte un posible caso de conflicto de intereses
Costos políticos
En una primera etapa, sobre todo se pondrá atención en casos que puedan afectar al Presidente y a su vice, para evitar nuevos costos políticos
Verificación
Cuando salte una alarma, intervendrán la Sigen, la OA y la Procuración del Tesoro, que analizarán el tema y verificarán si hay un caso de conflicto
Más transparencia
El decreto será publicado esta semana, posiblemente el miércoles, en coincidencia con la Asamblea Legislativa y como parte de una agenda de mayor transparencia
La OA advirtió sobre algunos funcionarios con conflictos de intereses
Mauricio Macri
Presidente
El acuerdo para el pago de la millonaria deuda del Correo Argentino, de la familia Macri, le generó al Presidente un alto costo político y acusaciones que hicieron saltar las alertas de los organismos de control
Juan José Aranguren
Min. de Energía
Antes de ocupar su cargo al frente del Ministerio de Energía y Minería, Aranguren era el presidente de la petrolera Shell. Al momento de asumir aún conservaba acciones de la empresa y la OA lo instó a deshacerse de ellas
José L. Sureda
Sec. de Recursos Hidrocarburíferos
Elisa Carrió denunció a Sureda por incompatibilidad de la función pública y la OA abrió un expediente. Antes de ser funcionario, Sureda se desempeñó como ejecutivo en la petrolera PanAmerican Energy
Pablo Popik
Subsecretario de Refinación
Se repitió un caso similar al de Aranguren y Sureda. Popik fue denunciado también por Carrió por incompatibilidad de sus funciones. Hasta asumir un cargo público fue ejecutivo de la petrolera Axión
M. Quintana
Vicejefe de Gabinete
El ojo público quedó puesto en Quintana cuando se conoció en la causa dólar futuro que la empresa Farmacity y el fondo Pegasus, hasta 2015 dirigidos por el funcionario, compraron 11.480.000 dólares en el Rofex