La difusión y viralización de escuchas telefónicas que involucran al ministro de Seguridad santafesino, Maximiliano Pullaro, y lo relacionan estrechamente al jefe de la URV, Adrián Rodríguez, investigado y detenido por irregularidades en las horas adicionales otorgadas a los agentes policiales produjeron una crisis institucional y polìtica en la provincia.
Pullaro brindó ayer una conferencia de prensa en la que apuntó a "manos oscuras" que están contra los cambios que intenta implementar en Seguridad, y también contra jueces y fiscales por la intervención de su línea telefónica oficial pidiendo conocer los "fundamentos" por los cuales se "pinchó" el celular de un funcionario público.
Ante esta requisitoria, primero llegó el comunicado del Colegio de Jueces en el cual argumentan que se intervinieron cinco teléfonos relacionados con la investigación que los fiscales llevaban adelante respecto a las horas adicionales de la policía. pero desconocían la identidad de los titulares de las líneas.
Poco después, fueron los fiscales quienes salieron a defenderse mediante un escrito que enviaron a los medios de comunicación. Manifestaron preocupación por las declaraciones vertidas contra ellos y remarcaron que la función que desempeñan es la de "investigar toda hipótesis de delito donde parezca verosímil el mismo a través de los medios de prueba que habilita el Código Procesal Penal".
Los funcionarios del ministerio Público de la Acusación (MPA) concluyen con la aclaración: "Las intervenciones telefónicas en todos los casos son solicitadas al juez que corresponda, que las dispone una vez confirmados los suficientes fundamentos legales".
