Oil Combustibles, la refinería de San Lorenzo, está atravesando una crisis que generó la pérdida de cientos de puestos de trabajo en la región y puso en alerta la seguridad ambiental de la zona por el parate de una planta que contiene materiales de riesgo.
Por este motivo, la Defensoría del Pueblo interviene por pedido del Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh). En el encuentro, le manifestaron a Raúl Lamberto, defensor del Pueblo, el temor de que la empresa declare la quiebra.
Durante la reunión, Lamberto y Piazza se interiorizaron respecto de la situación operacional de la refinería, que tiene 40 tanques de mínimo 10 millones de litros cada uno y dentro de cuyos ductos y depósitos quedaron remanentes de combustible, ya que la empresa comercializó casi todo el stock luego de detener la producción.
Además, fueron informados de que los empleados de la planta tienen abonados sus salarios al día, pero existe un importante riesgo de que la firma, actualmente en concurso de acreedores, declare la quiebra. Esto llevaría a que no se aplique el plan de contingencia necesario para asegurar el mantenimiento de la refinería, lo que generaría un importante riesgo ambiental, habida cuenta de la volatilidad de los elementos con los que se trabaja en la refinería y los diversos aspectos que deben cuidarse a diario, como el venteo de los gases.
Es por esto que los representantes de la Defensoría del Pueblo se comprometieron a realizar las gestiones necesarias frente a las instituciones competentes para resguardar la salud de la comunidad de San Lorenzo y su zona, ya que la planta se encuentra dentro del ejido urbano en el norte de la localidad.
Rubeo solicitó la intervención del Estado
Por su parte, el diputado Luis Rubeo presentó un Proyecto de Comunicación al Poder Ejecutivo Provincial solicitando la inmediata intervención del Estado ante el inminente cierre de la petroler.
A través del mismo, el legislador instó al gobernador Miguel Lifschitz a entrevistarse junto a las autoridades locales y regionales afectadas, con el juez Javier Consentino, quien tiene a su cargo la causa por una deuda millonaria de la petrolera con la Administración Federal de Ingresos Publicos (Afip).
“La situación es angustiante, para los trabajadores - alrededor de 450 directos y 750 indirectos- quienes dejarían de percibir sus salarios el próximo mes y para los vecinos y vecinas de la zona, por el daño ambiental que supondría el abandono de las tareas de mantenimiento y seguridad en la planta”.
La creciente baja del empleo directamente relacionada con las políticas económicas del Gobierno Nacional suponen una importante pérdida para el cordón industrial y para la provincia de Santa Fe por lo que resulta imperiosa la intervención del gobernador a fin de encontrar una solución adecuada que favorezca a las familias afectadas procurando fundamentalmente la continuidad de las fuentes de trabajo.
“Es urgente que el gobernador Miguel Lifchitz tome cartas en el asunto e intervenga en búsqueda de una solución”.