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 En una acción conjunta y coordinada entre Nación, provincia, municipio y la Justicia federal, la Secretaría de Seguridad Comunitaria demolió ayer otros cinco búnkers en el marco de un plan que incluirá unos 17 quioscos más de droga ubicados en terrenos fiscales. Estos sitios integran el listado de los 67 lugares allanados el 9 de abril pasado, con resultado positivo. Si bien la provincia estima derribar cinco por día, hay incertidumbre sobre qué pasará con el resto de los puntos de venta, ubicados en terrenos privados. Para tirar un puesto de droga en un inmueble particular es necesario el consentimiento del titular y una autorización judicial.

La tarea de operarios, retroexcavadoras, palas y puntales continuará hoy con la idea de reemplazar estas construcciones por plazas, áreas verdes o cederles el espacio a los propios vecinos del barrio.

Perú al 3300, bulevar 27 de Febrero y Circunvalación y en Uruguay al 3200 fueron las direcciones donde personal dirigido por Seguridad Comunitaria arrasó con los búnkers que allí funcionaban.

"Eran construcciones antiguas con doble pared, puertas grandes reforzadas con doble hierro, algunas tenían la típica cajita para pasar la droga y otras simplemente el agujero", explicó el subsecretario del área, Osvaldo Laffatigue.

El funcionario adelantó que para hoy unos 20 operarios seguirán las tareas en diferentes puntos de la ciudad, dentro del listado de los espacio allanados por fuerzas federales el 9 de abril.

Un cuarto. El secretario de Seguridad Comunitaria, Angel Ruani, explicó a La Capital que, de los 67 lugares allanados por fuerzas nacionales, "hay un 25 por ciento en tierras fiscales". El resto, ya sean casas de dos plantas donde se vendía droga, quioscos o búnkers, figura dentro de terrenos privados.

Entre junio de 2012 y diciembre de 2013 la provincia demolió 37 búnkers. El primero estaba en Felipe Moré y Uruguay, que incluso se tumbó dos veces. En 2014, sin contabilizar los de ayer, ya fueron siete.

¿Cómo debe actuar el Estado en un una propiedad privada donde se vendía droga? Ruani, fue claro al respecto: "Vamos a tirar todo aquel que pueda derrumbarse y haremos un seguimiento en los lugares para que no reabran. Para un terreno privado, necesitamos el consentimiento del dueño y una autorización judicial".

El accionar plantea un debate a futuro. Semanas atrás, los diputados nacionales del radicalismo, Ricardo Alfonsín y Manuel Garrido, insistieron en el Congreso para que sus pares traten un proyecto, cuyo autor es el diputado provincial santafesino Maximiliano Pullaro. La iniciativa pretende que el Estado se pueda quedar con los bienes producidos por el narcotráfico, aunque no haya condena penal.

Una de las herramientas es la incorporación de la acción de extinción de dominio, que permite que, aún en el caso de que el acusado por delitos de narcotráfico no haya sido condenado en un juicio penal porque se fugó, murió o prescribió la causa, igualmente puedan decomisarse sus bienes en el marco de un juicio civil.