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El llamado Grupo de los 6 (G6) que agrupa a las máximas entidades empresarias manifestó su rechazo unánime al proyecto de reforma de la ley de Abastecimiento propuesto por el Gobierno. Tras las frustradas negociaciones de la semana pasada con el secretario de Comercio, Augusto Costa, los directivos se reunieron en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA) para acordar un texto antes de que el proyecto comience a ser discutido en el Congreso esta tarde.

El encuentro concluyó poco después de las 12:30. Tras haber debatido poco más de una hora y media, los dirigentes salieron a expresar su rechazo ante los medios presentes. "Vemos que es negativo a lo que es la actividad económica argentina. Lo vamos a plantear en el Congreso y en el caso de que sea sancionada vamos a ir a la Justicia", anticipó el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere.

El titular de la Bolsa porteña, Adelmo Gabbi, confirmó que este miércoles, cuando la presidente Cristina Kirchner concurra a su sede para un acto, le harán saber sus críticas. "Vamos a resaltar la importancia de la empresa en el país y otros temas fundamentales como lo que ha significado el cepo cambiario para la actividad. Tenemos que volver a recuperar la confianza para recuperar los superávits gemelos".

Además de ellos, de la reunión participaron Carlos de la Vega, de la Cámara de Comercio, y Gustavo Weiss de la Cámara de la Construcción; y de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Jorge Brito.

Según pudo saber Infobae, dentro de instantes se espera una consideración conjunta contra la iniciativa a través de un comunicado.


Adrián Escandar

Varias entidades del sector privado expresaron la semana pasada su absoluto repudio al proyecto por considerar que es inconstitucional y que implica una “estatización del mercado”, según planteó la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) en la carta que le envió a los legisladores.

Al llegar al encuentro Etchevehere, representante de la Mesa de Enlace, enfatizó: "Si sale esta ley me van a obligar a trabajar a pérdida". En este sentido, agregó: "Es una ley inconstitucional porque atenta contra el derecho a la propiedad; cualquier funcionario puede obligarte a vender o producir a pérdida".

Quien también se sumó a estas críticas fue José Ignacio de Mendiguren. "Sorprende que esta ley sea vendida como defensa al consumidor, cuando en realidad afecta la inversión. Nos preocupa el consumidor, pero hay que entender que el consumidor primero es un trabajador".

Esta tarde, en la Cámara alta, comenzará a tratarse en un plenario de comisiones uno de los tres textos que integran el paquete de medidas para la reforma de la ley de Abastecimiento, sancionada en 1974. Es el referente a la creación de fueros judiciales para dirimir las controversias entre comerciantes y consumidores.


Télam
De los tres proyectos de ley, ése es el menos cuestionado por el sector privado y la oposición. La iniciativa que despierta el rechazo unánime es la referida a la nueva regulación de las condiciones de producción y consumo, que será discutida los próximos días. Esta propuesta establece la potestad al Estado de imponer precios máximos, márgenes de utilidad y la posibilidad de establecer volúmenes de producción y canales de distribución en forma discrecional.

Las críticas radican en que entienden que esas potestades, calificadas como intervencionistas, repercutirán muy negativamente en los niveles de inversión y empleo.

Los puntos principales del polémico proyecto que propone una "Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo"

- Establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios
de referencia, niveles máximos y mínimos de precios.

- Dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción.

- Disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte,
distribución o prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados
productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas.

- Acordar subsidios, cuando ello sea necesario para asegurar el abastecimiento y/o la prestación
de servicios.

- Establecer regímenes de licencias comerciales.

- Los gobernadores y/o el jefe de Gobierno de la Ciudad por sí o por intermedio de los organismos y/o funcionarios que determinen, podrán fijar —dentro de sus respectivas jurisdicciones— precios máximos y las pertinentes medidas complementarias, mientras el Poder Ejecutivo o el organismo nacional de aplicación no los establecieren, dando cuenta de inmediato a este último.

- Los empresarios que suban los precios; acaparen mercadería; se negaran a la venta de productos; discontinuaren el normal abastecimiento de una mercadería; o no entreguen facturas, entre otras cosas, podrán ser sancionados.

- Las multas podrían llegar a los 10 millones de pesos. También se podrá determinar la clausura por 90 días o la inhabilitación por 2 años.


Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Argentina
Copiar a Venezuela

El presidente de la filial argentina de Fiat, Cristiano Rattazzi, lanzó en las últimas horas duras críticas contra la reforma que impulsa el Gobierno al señalar que es "retrógrada, absurda e inconstitucional" pero estimó que los cambios finalmente no prosperarán en el Congreso porque "no tiene ninguna posibilidad de funcionar".

"No se entiende este ensañamiento de ir en cosas raras; no hay razón de crear esta zozobra general", disparó con preocupación el ejecutivo, para quien la iniciativa del oficialismo es un intento por "copiar a Venezuela y esto no le hace bien al país". Recordó que sólo el gobierno de Caracas tiene, y aplicó, una norma de similares características a la que impulsa el Ejecutivo. "Hay párrafos de la ley que son casi iguales a las de Venezuela", aseguró.

Ratazzi insistió en calificar a los tres proyectos que proponen cambios a la ley que ya existe de abastecimiento como "algo retrógrado, absurdo e inconstitucional" pero se mostró confiado en que no serán aprobados por los legisladores por el amplio rechazo que cosechó de todos los sectores de la economía.

"Lo bueno es que todo el empresario argentino está en contra. Esto es una novedad, no hay ninguno que se haya jugado a favor, sólo los aplaudidores de siempre, y eso es bueno porque muestra una seriedad del empresariado", destacó Rattazzi a la vez que afirmó como positivo el hecho de que "hoy no tenga más del 80% de apoyo esta ley bien populista en el Congreso, como ocurrió hace tres años cuando se proponía".

En declaraciones al canal TN, pidió un país "más normal y serio" que se parezca "a Chile, México y no a Venezuela". En busca de ese objetivo, señaló como el "verdadero problema" de la Argentina el crecimiento del costo de vida, "que es del 40 por ciento" y exhortó a trabajar para combatir la inflación.

"Hay que empezar a hacer una política antiinflacionaria, dejar de emitir sin respaldo y lanzar una política tributaria porque todos los impuestos argentinos son distorsivos, hasta las ganancias porque no hay un ajuste del mínimo no imponible de ese impuesto", consideró.

El empresario resumió su pensamiento afirmando que "si se llega a aplicar la reforma, todo esto será un retroceso para la Argentina ante el país serio que queremos, pero mi percepción es que no se va a sancionar la reforma".