María Julia Alsogaray tiene una agenda cargada en donde finaliza un juicio en su contra y apenas pasan unos meses para volver a ser sometida a otros. El denominador común es por hechos que tuvieron lugar durante su paso por la administración pública durante el menemismo y por supuestos actos de corrupción en los que se vio involucrada.

Con dos condenas en su contra y una absolución por prescripción, Alsogaray tiene cita para el próximo 11 de febrero para dar comienzo a un nuevo juicio ante el Tribunal Oral Federal 6, el cual concentró todas las causas y aún tiene pendiente de realizar otros procesos orales.

En esta causa se la acusa a la ex funcionaria a raíz de una contratación presuntamente irregular que llevó adelante durante el proceso de liquidación de la Empresa Nacional de Teléfonos (Entel), de la que ella era su titular. Según la acusación hecha por el fiscal del caso, Carlos Rívolo, ello generó un perjuicio estimado al Estado en orden de los 250 millones de dólares.

La investigación fue sobre el contrato pactado entre Entel y la unión transitoria de empresas (UTE), esta última integrada por la Consultora KPMG, el estudio Jaime Fernández Madero y Copiga SA. El mismo preveía tareas de liquidación y certificación final de contratos de obra pública que había firmado la telefónica estatal.

En el contrato se sospecha que las autoridades de Entel ampliaron los plazos de ejecución o duplicación de los precios sin justificación aparente. Pero ante las ineficiencias de los informes producidos por KPMG y el estudio jurídico la estatal inició gran cantidad de juicios que nunca se pudieron cobrar y el Estado tuvo una pérdida económica.

El juicio estará a cargo del Tribunal 6 y la acusación a cargo de la fiscal Sabrina Namer, la misma que pidió seis años de prisión para el ex presidente Fernando de la Rúa y otros ex funcionarios sospechados de pagar coimas a senadores para aprobar la ley de reforma laboral en el año 2000.

Junto con Alsogaray, están acusados Gustavo Daneri, ex coordinador general de Entel; el estudio Javier Fernández Madero; los representantes de KPMG Hernán Pflaum y Juan Carlos Pickenhayn; y Alberto Amadeo Galli, de Copiga SA.

En el último juicio que enfrentó Alsogaray fue condenada a cuatro años de prisión por peculado defraudación en perjuicio de la administración pública, a raíz de contrataciones de manera irregular de pasantes de la Universidad Pública de Lomas de Zamora para trabajar en la Secretaría de Recursos Naturales, que rigió entre 1992 y 1995 y con un costo total de 8 millones de pesos.

La ex funcionaria cuenta con otra condena a 3 años de prisión por enriquecimiento ilícito, y este mismo año fue absuelta por prescripción de la acción penal en otro proceso en su contra.

Las condenas están apeladas por la defensora oficial de Alsogaray y ello explica que al no estar firmes las mismas, la ex funcionaria no vaya detenida.