Rusia perdona a los activistas Camila y Hernán
El parlamento ruso perdonó a los militantes de Greenpeace que habían sido detenidos por piratería. Speziale y Pérez Orsi fueron liberados bajo fianza el mes pasado. Ahora les resta a los connacionales lograr la visa para regresar al país.
El Parlamento ruso dictó una amnistía para los ambientalistas argentinos Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi. Las autoridades tendrán un período de seis meses para la aplicación del indulto. Se espera el regreso de ambos a la Argentina para antes de la Navidad.
A las 9 (hora argentina) el Parlamento ruso vota formalmente la amnistía. Luego sólo restará un trámite de visado y dependerá de Camila y Hernán volver antes de Navidad.
Una de las enmiendas propuestas para ampliar la medida contempla la inclusión de las personas que se encuentran bajo investigación, aclaró la Duma. "La amnistía afectará tanto a personas que ya se encuentran en prisión como a quienes todavía se enfrentan a los tribunales o están bajo investigación", explicó el diputado de aquel país Pavel Kracheninnikov.
El abogado de Greenpeace, Anton Beneslavsky, confirmó que los cambios afectarán a los 30 activistas de la organización ecologista que fueron arrestados cuando realizaban una acción de protesta en una plataforma petrolífera en el Ártico; entre ellos, una brasileña y los argentinos que ya fueron liberados bajo fianza el mes pasado. De todas formas, el letrado no dijo cuándo se levantarán los cargos de vandalismo contra los acusados. "Esto no ocurrirá de un día para otro", aseguró.
En noviembre, Greenpeace pagó 90 mil euros de fianza para los argentinos Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi. Luego los 30 ambientalistas detenidos fueron liberados a la espera del fallo que les quite los cargos y les permita salir del país.
El 19 de septiembre, ambientalistas de Greenpeace viajaron hasta el Ártico para denunciar los atropellos de Rusia dentro del círculo polar e impedir el derrame de petróleo a través de su compañía de gas "Gazprom". Como consecuencia de la protesta 30 activistas fueron detenidos y trasladados a una prisión en San Petersburgo. Al principio se los acusó por el delito de \\'piratería llevada a cabo por un grupo organizado\\' contemplado en la parte 3 del Artículo 227 del Código Penal de ese país, que estipula penas de cárcel de entre 10 y 15 años. Posteriormente, la carátula cambió a "vandalismo", que tiene una pena máxima de siete años de prisión.