Antes de que el pliego del general César Milani fuera aprobado con fuertes críticas en el Senado, el Gobierno ya había tomado la decisión política de dotar de más recursos económicos a quien sería el futuro jefe de las Fuerzas Armadas.

El decreto 1757/2013, firmado el 7 de noviembre último por el vicepresidente Amado Boudou cuando Cristina Kirchner estaba de licencia, reasignó partidas presupuestarias y dotó a los mandos militares de $1.325 millones más para "cumplimentar las exigencias de adiestramiento y de mantenimiento de la reserva operacional de la fuerza y para el Operativo Fortín II", con el cual los militares abastecen al programa Escudo Norte, el operativo que realiza Gendarmería en zonas de frontera.

La medida administrativa duplica los $629,9 millones que todas las FFAA destinan a inteligencia militar, una de las áreas en las que se destaca Milani.

“No caben dudas que la \\'refuncionalización\\' del Ejército al servicio del \\'proyecto nacional y popular\\' tiene como principal objetivo su participación en actividades de inteligencia y seguridad interior, ambas vedadas por la ley de defensa, la ley de seguridad interior y la propia ley de inteligencia”, reflexionó el diputado de la UCR Julio Martínez, miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja.

El legislador de La Rioja reafirmó que “la participación de las FFAA en tareas de seguridad interior está explícitamente vedada por la legislación vigente, excepto en casos muy puntuales y dentro de los precisos límites y criterios establecidos por la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059”.

“El abierto involucramiento de la inteligencia militar en actividades de espionaje interno, y la presencia cada vez más extendida de efectivos militares a lo largo y ancho del país, en diferentes circunstancias y conflictos, pretende ejercer un efecto disuasivo frente a posibles desbordes sociales provocados por el brutal ajuste por inflación que el kirchnerismo viene ejerciendo salvajemente”, sentenció el diputado.

La Ley de Defensa Nacional, sancionada en 1988, advierte en su artículo 15 que "las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares".

La ley de Seguridad Interior sólo prevé el apoyo logístico de militares.Ello lo recordó esta semana el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, a raíz de los serios disturbios y saqueos a raíz de las protestas policiales. "Las Fuerzas Armadas no pueden actuar en el ámbito de la seguridad interior para resolver conflictos internos", recordó. Pero alertó que pueden "prestar apoyo logístico de traslado de tropas, según lo establece la ley".