La Corte Suprema argentina rechazó homologar una sentencia del juez estadounidense Thomas Griesa que ordenaba al país pagarle a la empresa extranjera Claren Corporation más de US$ 7 millones por una deuda en default.

El magistrado neoyorquino había condenado el 12 de diciembre de 2007 a la Argentina a pagar 7.507.089 dólares a Claren por capital e intereses vencidos de los Bonos Externos Globales 1997/2017.

Sin embargo, la Corte Suprema aseguró que el fallo desconoce el principio de inmunidad soberana del Estado argentino y "afecta principios de orden público del derecho local", algo que impide reconocer sentencias extranjeras.

El reclamo ya había sido rechazado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que también había dicho que las leyes que ordenaron el default forman parte del derecho argentino y que no pueden reconocerse sentencias extranjeras, lo que en la jerga judicial se denomina "exequatur".

El Tribunal coincidió además con la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, que había dicho que los bonos de Claren estaban incluidos en las medidas excepcionales tomadas durante 2001, cuando se defaultearon casi US$ 100.000 millones.

Además, la funcionaria había dicho que el reconocimiento formal del default de 2001 incluía una declaración formal del Congreso de la "emergencia en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria".