En diálogo con LT10, Sebastián Amadeo, Defensor Regional del nuevo sistema penal, expresó que “nosotros tenemos como función principal la promoción de la vigencia efectiva de los derechos humanos de la persona cuya libertad esté afectada por la aplicación de la Constitución. Por lo tanto, nuestra obligación es inspeccionar periódicamente todos los establecimientos donde se mantengan a personas encerradas. Nosotros tenemos un manual de monitoreo para controlar la situación de estas personas”. 

Además, Sebastián Amadeo agregó que “hay que diferenciar la cuestión carcelaria de las dependencias policiales. En lo que hace a las cárceles, todos los defensores regionales junto al defensor Provincial relevamos la totalidad del sistema penitenciario. Nosotros observamos un conjunto de irregularidades que nos permitieron elaborar un informe y solicitar habeas corpus colectivos y correctivos. Lo propio se hizo en la cárcel de Las Flores”.

Sobre la situación de las personas privadas de libertad en comisarías, el Defensor Regional del nuevo sistema penal sostuvo que “hemos detectado una serie de irregularidades. En diciembre y enero, constatamos que en 117 dependencias policiales había 415 privados de libertad. El 55% cumplía prisión preventiva, el 30% eran detenidos sin resolución de su situación procesal, el 12% estaba condenada y un 3% de demorados. Por ejemplo, la seccional 3ª tiene un cupo máximo de 14 y había 41 personas. Además, encontramos muchos problemas edilicios”.

Consultado sobre cómo resolverían esta problemática que se da en las comisarías, Sebastián Amadeo manifestó que “podría ser resuelto con una pulsera de seguimiento o con la libertad durante el proceso. Recordemos que la prisión preventiva es el último recurso del sistema procesal penal (esto no se puede transformar en una regla)”.