Los legisladores porteños del Frente Amplio UNEN presentaron un recurso de amparo para intentar frenar el traspaso de la Ciudad a la órbita de la Nación de excentros clandestinos de detención durante la última dictadura, entre ellos el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (exESMA).

A través de su presentación, los legisladores denunciaron "la clara inconstitucionalidad de la transferencia de todos los centros de detención clandestinos realizado sancionado por la Legislatura porteña como resultado de un acuerdo entre PRO y Frente para la Victoria".

"La sentencia de amparo deberá declarar la nulidad e inconstitucionalidad de los artículos de la Resolución 81/2014", reclamaron los legisladores del Frente UNEN y denunciaron que el traslado "se hizo de forma manifiestamente ilegal y arbitraria".

La medida fue impulsada por los legisladores porteños Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto Lago, con el compañamiento de Hernán Rossi, Inés Gorbea, Juan Nosiglia, Hernán Arce, Javier Gentilini, Virginia González Gass y la diputada nacional Alcira Argumedo, se informó en un comunicado.

Los diputados también pidieron "la habilitación de días y horas inhábiles para que se resuelva lo peticionado a la mayor brevedad posible, en virtud de las razones de urgencia invocadas".

Para los legisladores porteños, se realizó "de forma manifiestamente ilegal y arbitraria el procedimiento legal y constitucional previsto para la celebración de convenios para la disposición de bienes inmuebles de la Ciudad y toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad por más de cinco años, entre otros puntos.

El traspaso, presentado por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, para que se avale el convenio firmado el 22 de enero con la Nación, fue aprobado este jueves con 41 votos positivos y 16 negativos, a pesar del repudio de organismos de derechos humanos.

Tras el fracaso de la semana pasada, la Legislatura votó, también, una iniciativa complementaria que disuelve el Instituto Espacio para la Memoria (IEM), un organismo autárquico que administraba los excentros clandestinos porteños, y crea el Consejo
Asesor en Políticas Públicas de Memoria.

El expediente determina que los predios que pasarán a estar administrados por la Nación serán el Edificio del exCasino de Oficiales (donde funcionó el Centro Clandestino de Detención), el Pabellón Central, La Imprenta, el Taller Mecánico y la Enfermería de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (exESMA), todos situados en Avenida del Libertador 8151 al 8461.

También el centro Automotores Orletti, ubicado en Venancio Flores 3519/21; y El Olimpo, en Ramón Falcón 4250 (ambos en el barrio de Floresta); el Club Atlético, de Paseo Colón 1200 (San Telmo-Puerto Madero) y Virrey Cevallos, de la calle homónima con el número 628/630 (Montserrat).

Los legisladores del interbloque UNEN decidieron votar negativamente, al igual que los miembros del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Confianza Pública, el MST, y la legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti.