El Senado aprobó anoche la estatización de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, iniciativa criticada por un amplio sector de la oposición por considerar que está inspirada en la necesidad del gobierno de Cristina Kirchner de salir al rescate de Hebe de Bonafini y tapar el escándalo de la Fundación Sueños Compartidos.

Con el apoyo del MPN y de los peronistas disidentes Liliana Negre de Alonso y Adolfo Rodríguez Saá -minutos antes se había aprobado la creación de una universidad nacional en Merlo (San Luis)-, la estatización de la universidad de las Madres fue impulsada por el kirchnerismo y aprobada por 39 votos a favor y 23 en contra. Para convertirse en ley, el proyecto deberá ser sancionado por la Cámara de Diputados.

El debate estuvo acaparado por los legisladores de la oposición, que denunciaron la falta de motivos reales que justificaran la decisión de pasar el instituto educativo al Estado, el crítico estado financiero de la entidad que preside Bonafini (se mencionó una deuda a la AFIP de $ 237 millones) y las sospechas de corrupción que pesan sobre el organismo, a partir de las irregularidades detectadas en la construcción de viviendas populares.

"El Estado se está por hacer cargo de una gran fiesta, porque estamos hablando de una gran deuda, una gran estafa que se perpetró con el acompañamiento del gobierno nacional", denunció Luis Naidenoff (UCR-Formosa), quien aseguró que el escándalo de la Fundación Sueños Compartidos "tiene un vínculo directo con el Ministerio de Planificación Federal".

La macrista Gabriela Michetti (Pro-Capital) aportó un dato más que importante al debate, al leer un informe lapidario de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). Según narró la legisladora, en el expediente se deja constancia de "la falta de acciones e instrumentos que permitan distinguir la universidad de la fundación", de "la imposibilidad de obtener información rigurosa y certificada de la evolución económica" y la baja matrícula de la universidad.

DENUNCIA DE PROTECCIÓN

"Esto es una manera demasiado grosera de tratar de encubrir a una sociedad civil que hizo las cosas mal desde todo punto de vista, porque está bastante claro que no hay una necesidad real, un bien a proteger claro con la estatización de la universidad", sentenció Michetti.

La senadora desarmó así el discurso del oficialista Salvador Cabral (Misiones) y de Negre de Alonso, quienes habían justificado su apoyo a la estatización en el hecho de que no había relación entre la universidad y la fundación comprometida ante la Justicia.

Las denuncias de la oposición en las semanas previas al tratamiento en el recinto del proyecto hicieron mella en el oficialismo, que ayer anunció la eliminación del convenio firmado por el Gobierno y la Asociación Madres de Plaza de Mayo del articulado de la ley.

"La creación de la universidad no se va a basar en el convenio, para que no digan que hay algo detrás", afirmó Eduardo Aguilar (FPV-Chaco), presidente de la Comisión de Educación.

El mismo senador rechazó que el Estado vaya a hacerse cargo de los pasivos de la universidad o de la Fundación Sueños Compartidos, al afirmar que la iniciativa sólo habla del traspaso del personal, de los alumnos y de los bienes muebles e inmuebles de la universidad.

"En ningún momento se habla de transferencia de obligaciones del instituto, por lo que no se absorben los pasivos de la universidad", afirmó Aguilar, quien acusó a la oposición de realizar "el típico ejercicio de denunciar sin fundamentos" para "denigrar este proyecto y a las Madres de Plaza de Mayo".

Las imputaciones de Aguilar fueron respondidas por el radical Mario Cimadevilla (Chubut), quien recordó el escaso compromiso del PJ con los derechos humanos en el regreso de la democracia (no integración de la Conadep, pedidos de ley de amnistía a los militares) y acusó al kirchnerismo de haber devaluado la lucha de las Madres de Plaza de Mayo.

"Más allá de los artilugios, estamos creando el Instituto de Derechos Humanos, que es la continuidad jurídica de la Universidad de las Madres. Si alguien cree, con ingenuidad, que el pasivo no va a ser parte, se equivoca", afirmó Cimadevilla.

FRANCIA AVALÓ LA EXTRADICIÓN DE SANDOVAL

La justicia de Francia aprobó ayer la extradición a la Argentina del ex policía federal Mario Alfredo Sandoval, acusado de crímenes de lesa humanidad. Sandoval, que desde 1983 vive en ese país y obtuvo la nacionalidad francesa, es señalado como presunto responsable de la desaparición del estudiante Hernán Abriata, visto por última vez en 1979 dentro de la ESMA. Los cargos que la justicia federal argentina imputa a Sandoval son "torturas que causaron muerte y privación ilegal de libertad agravada". Aunque el pedido de extradición mencionaba varias imputaciones, el juez parisino Jean Bartholin hizo lugar solamente a la relacionada con la desaparición de Abriata, a pedido del fiscal, quien había considerado que los otros cargos prescribieron o no son imputables a Sandoval a título personal..