“Nuestro ordenamiento jurídico cuenta con la tutela de los intereses difusos los cuales se expresan respecto de bienes jurídicos que sufren amenaza o un daño, generalmente irreparable cuando se consuma, como la deforestación, la depredación de una especie animal o la destrucción de un monumento histórico, porque no pueden reponerse”, aseguró la concejal.

“Por este motivo, junto a mis compañeros de bloque Sebastian Piganata, Ignacio Martínez Kerz y Juan José Saleme pedimos conocer los dictámenes no solo del Tribunal de Cuentas municipal en relación a los distintos actos administrativos emitidos por parte del DEM, sino también si se conformó la Comisión de Seguimiento prevista y debía ser previa al llamado a licitación y si existen los correspondientes informes de Impacto Ambiental”

Algunos interrogantes

La concejala explicó que a través del Decreto Nº 196 de fecha 21 de febrero de 2014 se procedió a la adjudicación mediante el sistema de canon, cuyo valor mensual es de $1.000 (pesos mil) y sobre el que se desconoce sistema de actualización y, básicamente, cuáles son los criterios económicos a favor del municipio considerados para establecer el mismo.

“Idéntico razonamiento seguimos al plantear por qué la concesión ha sido establecida en 30 años, atento la ubicación de las cocheras soterradas y su fuerte vinculación con la construcción del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (CEMAFE), lo que traerá en un futuro una gran afluencia de automóviles al centro de la ciudad y qué pensar si próximamente vemos realizada la obra de la Reconversión del Puerto de Santa Fe y su nuevo emplazamiento a la vera del canal central”, detalló la edil.