En diálogo con LT10, Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, expresó que “entre jubilados, pensionados y pensiones no contributivas hay 7 millones de personas. Los jubilados que cobran la mínima son casi 2 millones. Los que cobran estrictamente una jubilación mínima nada más son 2.600.000. Luego tenemos, hasta el 70 % de los beneficiarios que cobran un poco más de la mínima o perciben dos beneficios mínimos (por ejemplo, jubilación y pensión)”.

Además, Eugenio Semino agregó que “los que cobra una mínima de 2700 pesos, están cubriendo sólo un 40% de las necesidades básicas”.

Consultado sobe cuántos jubilados iniciaron juicios para la actualización de sus jubilaciones, el Defensor de la Tercera Edad señaló que “en este momento, se están tramitando 400 mil juicios. La dos grandes vertientes son: los reajustes (por el famoso caso Badaro) y el otro gran rubro es el recalculo del haber inicial (la ley vigente no estableció con que coeficiente se actualizan los últimos 10 años de sueldo del trabajador activo). Alrededor de 100 juicios están paralizados porque fallecieron los jubilados y se están tramitando los sucesorios”.

Sobre el pago de sentencia, Eugenio Semino manifestó que “el pago de sentencia mejoró en los últimos dos años. El año pasado se pagaron alrededor de 40 mil juicios y este año 43 mil. Esto significa el 10% del stock. Pero, todos los años se suman 40 mil juicios más. Por lo tanto, lo que se paga está en paralelo con lo que ingresa”.

Consultado sobre si falta voluntad política para pagar los juicios o la caja no lo permite, el Defensor de la Tercera Edad manifestó que “nosotros hicimos una presentación para que se haga extensivo a todos los jubilados el efecto del fallo Badaro. La idea es que se pague por vía administrativa”.

“Es necesario hacer una reforma estructural en el sistema previsional porque hay una relación 1,4 activos por pasivo. Además, el 70% del financiamiento del sistema proviene de impuestos y el que más aporta es el IVA, el más regresivo. Hay que discutir una nueva estructura fiscal para financiarlo”, subrayó Eugenio Semino.

Finalmente, el Defensor de la Tercera Edad alertó que “hoy casi el 65% del fondo de sustentabilidad son papeles. Pro lo tanto si existe un default los más perjudicados son los jubilados como ya pasó en el 2001”.