El fallo adverso en Nueva York ha dejado un nuevo flanco débil para la Argentina. El rol protagónico que tiene el Estado en el mundo de los negocios con la tenencia de acciones de compañías privadas podría terminar representando un objetivo importante para los embargos que intentarán los fondos buitre en caso de no llegar a un acuerdo.

Según tres fuentes consultadas, una de ellas oficial, las acciones que el Estado tiene en YPF, así como las que la Anses posee en una treintena de empresas que cotizan en Bolsa, podrían ser pasibles de embargo.

Algo de eso reconoció el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en una de sus habituales conferencias de prensa. "Son múltiples bienes de acuerdo con lo que determine el juez. Son de múltiples aspectos. Surge de la interpretación del álter ego y las particularidades de cada bien", explicó el funcionario.

"Las acciones del Estado en YPF son embargables, sin duda. La manera de evitarlo era que por la nueva ley de hidrocarburos la petrolera hubiera sido declarada un servicio publico", dijo a LA NACION un abogado de la City porteña que conoce de cerca el proceso que tramita en Estados Unidos.

Una fuente oficial también reconoció que otros de los bienes que podrían embargarse es la participación estatal en empresas privadas. "Las acciones que tiene la Anses también se podrían embargar", confió la fuente. Otro abogado porteño dijo que para que se dé ese caso se requeriría que se pruebe que la Anses es un instrumento del Poder Ejecutivo y no una entidad independiente de él. Sin embargo, más allá del peligro, hay cuestiones procesales en este tipo de embargos que no son de fácil solución. Si el eventual embargo se hace en la Argentina, la cosa sería más sencilla. Pero claro, no parece muy probable encontrar tierra fértil para estos reclamos en el fuero local.

La otra posibilidad es que se libre un embargo en los Estados Unidos. Los embargos en las acciones se traban mediante una orden judicial que se dirige al directorio de la compañía en cuestión. Pero si esa orden se origina en un juez extranjero hay que refrendarla en el país por medio de un exequátur, un proceso especial que se debe tramitar en los tribunales locales para hacer valer aquí las decisiones de cortes extranjeras.

Para que este procedimiento siga adelante, hay que cumplir ciertos recaudos, como tener una sentencia definitiva y que la Argentina se haya podido defender. Pero, además, los jueces locales también deben juzgar si aquellas decisiones extranjeras violan el orden público argentino. Y es allí donde seguramente se trabará la cuestión para que finalmente sea la Corte Suprema la que termine decidiendo el asunto.

Según se especulaba en el país, más allá de la negociación, los abogados de los fondos avanzarán por el camino de los embargos. "Irán por todo lo que nos imaginemos y lo que no nos imaginemos. En algunos casos obtendrán la medida, y en otros no, pero saben del impacto que todo eso causará acá", dice un abogado que conoce de cerca el proceso.

Los bonos que ejecutaron los fondos buitre y que fueron emitidos a partir del Plan Brady, en 1992 y durante la década del 90, tienen entre sus condiciones una cláusula explícita mediante la que el gobierno argentino renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana. La renuncia del Estado argentino sólo excluye las reservas de libre disponibilidad de propiedad del Banco Central, los activos existentes en la Argentina y los bienes que se encuentran fuera del país afectados a un servicio público esencial.

De ahí que los fondos buitre hayan logrado en su momento el embargo de la Fragata Libertad.

Los bienes argentinos afectados a una actividad comercial, como Aerolíneas Argentinas, son los más comprometidos. Sin embargo, el presidente de la compañía, Mariano Recalde, dijo que no será fácil embargarla. Los motivos: uno, la compañía usa para sus vuelos al exterior aviones que no son propios, sino que están con un contrato de alquiler con opción de compra (leasing). El otro: Aerolíneas jamás terminó el proceso de estatización y las acciones no son del Estado.

UN RECLAMO DE PRUDENCIA

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó ayer la necesidad de "buscar prudentes caminos de negociación" con los fondos buitre. Pidió al Gobierno "una negociación serena y con pericia técnica", y planteó que en ese caso contará con el apoyo de la oposición, el empresariado y la comunidad jurídica.