La Justicia provincial debió intervenir esta semana como resultado de la puja de intereses entre la Asamblea Ciudadana que pretende paralizar la obra de cocheras subterráneas en el parque Alberdi y la Municipalidad de Santa Fe, que alienta la realización de la obra pública de explotación privada.

La presentación judicial la realizaron los abogados Enrique Gómez Cochia y Pablo Zordan, como patrocinantes del Centro de Protección a la Naturaleza -Cepronat Santa Fe-; ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 10 a cargo del juez Eduardo Sodero.

Se trata de un “recurso contencioso administrativo sumario” enmarcado en la “protección de intereses difusos” que comprende la Ley Nº 10.000 y que tiene vigencia en nuestra provincia desde diciembre de 1986, con numerosa jurisprudencia en la materia.

El planteo de Cepronat fue admitido por la Justicia, dado que “se encuadra en la Ley N° 10.000”, indicaron fuentes tribunalicias. Por ese motivo, el magistrado requirió ayer a la Municipalidad “un informe circunstanciado de la autoridad pública respectiva sobre los hechos que lo motivan y las razones que fundan su actitud, y en su caso la remisión en original o copia autorizada de las actuaciones administrativas existentes”, según lo establecido en el artículo 7º de dicha ley.

El Cepronat, una organización cuyo principal objetivo es “contribuir a restablecer una relación armónica entre la actividad humana y la naturaleza” -según lo indica su estatuto-, cuestionó la supuesta “omisión de estudios de impacto ambiental” de la obra futura.

Dicha afectación se encuentra protegida por el artículo 1° de la ley de intereses difusos, cuya tutela recae sobre “la salud pública, la conservación de la fauna, la flora y del paisaje, la protección del medio ambiente en la preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico (...) y en la defensa de valores similares de la comunidad”.

Atento a la presentación judicial y al pedido de informes del juez Sodero, la administración del intendente José Corral, decidió ajustarse a la ley y paralizar las obras de acuerdo con lo que dispone el artículo 8º de la citada legislación, que establece: “Recibido el pedido de informe, la autoridad administrativa mantendrá la situación existente en ese momento, o, en su caso, suspenderá los efectos del acto impugnado”.

La normativa es clara en cuanto a la virtual paralización de las tareas, “salvo que la suspensión provoque un daño sustancial a un cometido público o sea susceptible de generar un perjuicio mayor que el derivado de la no suspensión lo que comunicará al juez de la causa”. Es decir que de continuar con la obra, el municipio deberá informar al juez Sodero dicha decisión.

Un “perjuicio mayor” en este caso sería la afectación de “derechos adquiridos” de las empresas interesadas, que de no prosperar el proyecto podrían reclamarle al estado las pérdidas por el emprendimiento frustrado.

Sin embargo, existe otro elemento fundamental para el tratamiento del caso y versa sobre la propiedad de la tierra, ya que de confirmarse que se trata de un predio de propiedad provincial -como sostiene el diputado Mario Lacava-, todos los actos administrativos realizados podrían devenir nulos.

El municipio recibió esta mañana la notificación del juez y ya tiene casi listo el material para responder el requerimiento y aportar la información solicitada, con lo cual en los próximos días estaría entregando todos los antecedentes y detalles de la obra y del proceso licitatorio.