Habrá ruido en el mundo del transporte de pasajeros de larga distancia. Empresarios, sindicalistas y funcionarios del Ministerio del Interior y Transporte se enfrascarán en negociaciones complejas que tienen un solo objetivo: dotar de un nuevo marco regulatorio al sistema más utilizado por los viajeros argentinos para moverse por el país.

A partir de mañana, las empresas que no se adhieran al Programa de Reordenamiento del Sistema de Transporte Automotor de Pasajeros por Carretera de Carácter Interjurisdiccional, y no acepten pagar la recomposición salarial que firmó el Gobierno con el gremio de los choferes de ómnibus, perderán sus permisos de explotación.

La medida es la consecuencia de lo que dispuso el Ministerio en la resolución 669/14, que iniciará su vigencia mañana. La medida, además de imponer una amenaza concreta a los que no paguen la suba de 30% que se acordó hace semanas, va directo a una de las desprolijidades más grandes que tiene el sistema: la proliferación de permisos precarios.

Todo empezó en medio de una negociación compleja entre los empresarios dueños de las flotas de colectivos y los gremios. Los transportistas reclaman hace tiempo volver a un esquema de compensaciones distinto al que hay actualmente, que consiste en darles dinero a las líneas que tienen recorridos que compiten con Aerolíneas Argentinas. Sucede que la empresa aérea que maneja Mariano Recalde recibe alrededor de un millón de dólares por día y, por lo tanto, el esquema tarifario es agresivo. La competencia ha llevado a que los precios de los pasajes se solapen varias veces.

Con pocas posibilidades de subir las tarifas por un mercado que se ha desplomado, las empresas han reclamado compensaciones por $ 120 millones. Pero el Gobierno ofreció $ 85 millones, la cuestión se trabó y todo pasó para definirse después de las vacaciones de invierno.

En el medio se publicó la resolución que pondrá en aprietos a la gran mayoría de las empresas. Sucede que el Gobierno prorrogó en 1992 los permisos de explotación de rutas y recorridos. Todo expiró en 2002, en la crisis. En noviembre de ese año se decretó la emergencia del sector y se prorrogaron los permisos por 180 días. Luego todo siguió con un esquema precario que alcanza a la mayoría de las firmas.

La norma fue muy criticada por las cámaras que dicen que condiciona a las empresas y las obliga a aceptar un marco salarial que será de muy difícil cumplimiento. "La resolución advierte que quien no suscriba a la misma antes del 1º de agosto quedará automáticamente fuera de la actividad, obligando a las empresas a elegir entre firmar a ciegas o ser excluidas del sistema", dijo la Celadi (una de las cámaras que agrupa a las empresas) en un comunicado.

En el Gobierno dicen que las empresas deberían adherir y pagar el aumento. "Luego la idea es avanzar en un esquema que ayude a reestructurar el sector. Habría que prorrogar permisos considerando que en algunos corredores se hacen menos servicios que los autorizados y aún así no alcanzan a la carga media necesaria para cubrir los costos. Habría que restringir la participación por grupo empresario para evitar posiciones monopólicas", dijo una fuente oficial.

Por ahora las posiciones están lejos. Mañana vence el plazo y todo parece indicar que, si negociación no suma integrantes, habrá conflicto en el corto plazo