El Gobierno dio marcha atrás esta mañana con su decisión de aplicar la ley antiterrorista contra la empresa gráfica Donnelley, de origen estadounidense, luego de la dura controversia que generó en el ámbito empresario y en el político y aclaró que la denuncia realizada en los tribunales apunta a investigar una "quiebra fraudulenta".

La aclaración, que revierte lo dicho en cadena nacional por la propia presidenta Cristina Kirchner , fue realizado hoy en un reportaje a radio Del Plata por el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, quien adjudicó la mención de la ley antiterrorista a "una confusión".

"Creo que se derivó una confusión, a partir del uso «antiterrorista». La denuncia que estaría haciendo la AFIP es por «quiebra fraudulenta». Como derivación de esa denuncia, se podría llegar a aplicar el artículo 309 del Código Penal, que pena los ley de delitos económicos. Lo que pasa es que esta ley fue aprobada en conjunto con la ley antiterrorista, de ahí se deriva la confusión", dijo el funcionario.