-¿Qué busca el Gobierno con el proyecto de ley del canje?

-Dos cosas: protección legal para sus funcionarios y embarrar la cancha. Hay preocupación en el Gobierno por lo actuado en los tribunales de Nueva York desde el canje de 2010 y ahora solicita protección al Congreso. Hubo desconexión con los abogados que representan al país en EE.UU. y eso siempre es peligroso para los funcionarios argentinos. El país quedó al borde del desacato.

-¿Por qué cree que, además, el proyecto embarra la cancha?

-Los abogados de los bancos de EE.UU. y europeos no permitirán a sus entidades venir a cobrar a Buenos Aires.

-¿Qué aceptación prevé?

-Bajísima. Sólo vendrán inversores minoristas.

-¿Qué porcentaje de bonistas se requiere para cambiar el lugar y el agente de pago?

-Más del 75% -¿Nación Fideicomisos está en condiciones de replicar el trabajo del Bank of New York?


-No. El BoNY trabaja delante de un tablero como las viejas operadoras telefónicas: sacar y poner cables para unir las comunicaciones. El BoNY tiene el tablero financiero de todo EE.UU. y el Nación no. Además, hay otro problema: el fiduciario no puede ser una entidad ligada a la Argentina. Esto figura en el contrato.

-Usted dice que buscan patear el conflicto, ¿cree que alguna vez el Gobierno trató de solucionarlo?


-El Gobierno especuló con que la administración Barack Obama tenía una relación con la justicia parecida a la que sucede en la Argentina entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Nuestro gobierno hizo gestos como resolver los laudos del Ciadi, Club de París y lo de Repsol. No sé si llamarlo hoja de ruta, pero sí fueron movimientos en pos de que la Suprema Corte de EE.UU. tomara el caso. Por eso cuando el tribunal rechazó los casos argentinos el 16 de junio, emergió una decepción muy grande con Washington.

-Fue consultado por el Gobierno en esa instancia, ¿qué diagnóstico tenía la Casa Rosada?


-El Gobierno manejó dos enfoques distintos tras el rechazo de la Corte Suprema de EE.UU. Una visión confrontativa, liderada por el ministro de Economía, Axel Kicillof. Y otra, más constructiva, expresada por Carlos Zannini que hasta incluso va en línea con lo que dijo Ricardo Lorenzetti. Se impuso Kicillof.

-¿Qué pasará el 30 de septiembre cuando venza el bono par?


-Se enviará el dinero a Nación Fideicomisos y el Gobierno dirá que pagó. También habrá un juicio del BoNY contra Argentina.

-Hay quienes creen que los bonistas pedirán la aceleración de la deuda. Otros dicen que no. Usted, ¿qué piensa?


-Estimo que para noviembre se concretará la primer aceleración. Argentina va camino a un default total de su deuda externa. En el último mes y medio hubo una actividad frenética de los bonos par que, según interpreto yo, apuntan a la aceleración.

-¿De cuanto será ese default?


-De US$ 28.663 millones, el equivalente al 6% de nuestro PBI.

-No parece tan significativo
-No lo es. Pero el problema de este default es que obligará a reestructurar la deuda y, por lo tanto, a negociar. Además, hay una cuestión de fondo. Argentina es un país que no genera ahorros pero tiene ambiciones de buena infraestructura. La mejor manera de resolver ello es endeudarse en Nueva York. Pero con todo esto perdemos tiempo.

-¿Cómo imagina 2015 en materia de deuda externa?


-Será un año de litigios: con el BoNY, con los holdouts, con los bonistas que pidan la aceleración y con los bonistas que no quieran venir a cobrar a Argentina. Todos los días habrá una novedad. Y la cancha seguirá embarrándose.

-¿Cuál será la herencia de la deuda para el nuevo gobierno?


-Se encontrará con más de una sentencia a favor de holdouts.

-¿Qué pasa con los holdouts que no fueron a lo de Griesa?


-Buen punto. Estamos demasiados entretenidos con NML y hay 200 casos más. Griesa debería traccionar esos casos a su juzgado para ahí hacer un canje total.

-Lavagna está a favor de cambiar el lugar de pago y usted no. ¿Por qué piensan tan distinto si trabajaron juntos en el canje de 2005?


-Tengo mi opinión y no especulo políticamente. Pronto sabremos las consecuencias de cambiar el domicilio. Y veremos quién se hace responsable de lo que dice y quién no. ¿Y si no viene ningún inversor a Buenos Aires? ¿quién asume la responsabilidad política? Nadie va a querer quedar pegado a un fracaso. Pero en 60 días lo sabremos. Esperemos.