Casi diez meses después de que lo aprobara el Senado, el kirchnerismo decidió sacar del cajón el proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial con el objetivo de sancionarlo la semana próxima, en una sesión ordinaria. El freno se había generado por las diferencias internas en el oficialismo a partir de los cambios efectuados a último momento, antes de la votación en la Cámara alta, para complacer a la Iglesia. Y, sugestivamente, el nuevo avance se confirmó tres días después del almuerzo de Cristina Kirchner con el Papa en Santa Marta.

Desde el kirchnerismo, sin embargo, intentaron desligar la decisión del encuentro entre la Presidenta y Jorge Bergoglio. Y admitieron, según pudo saber Clarín, que necesitaban aprobarlo para retomar la iniciativa y evitar el avance de proyectos opositores vinculados al Código.

“Empezaron a salir temas que no podíamos parar”, reconoció en privado un diputado del Frente para la Victoria, que dio como ejemplo la discusión sobre la nueva ley de adopción que comenzaba a tomar fuerza en la Comisión de Familia, presidida por el massista Felipe Solá.

La Presidenta ya había dado la instrucción de sancionar el Código a principios de año, pero integrantes del FpV resistían la modificación del artículo 19 que había logrado la Iglesia: en lugar de definirse el inicio de la vida con la concepción en el seno materno y en el caso de reproducción asistida con la implantación del embrión en el cuerpo de la mujer, quedó “concepción” a secas y desde el propio oficialismo advirtieron que esa redacción pondrá en riesgo las técnicas de fertilización asistida.

Luego de que la instrucción de Cristina pasara a ser una orden, el bloque kirchnerista buscó saldar la disputa. “Hubo acuerdo, lo vamos a sacar sin cambios y lo que se tenga que modificar será con proyectos aparte”, señaló anoche un diputado oficialista. “La negociación no terminó”, contrapuso otro, del grupo que resiste las concesiones a la Iglesia. El proyecto fue elaborado por una comisión de juristas encabezada por Ricardo Lorenzetti y presentado en marzo de 2012, un año antes de que Bergoglio se transformara en Francisco.

El proyecto tiene 2.671 artículos y entrará en vigencia el 1° de enero de 2016. Dividido en seis libros, modifica la regulación de la transmisión de derechos, las relaciones de familia, el estatuto de la adopción, obligaciones y contratos. La ausencia del acceso al agua potable como derecho fundamental fue uno de los puntos que generó más controversias. También que establece que una deuda, en caso de haber sido contraída en moneda extranjera, podrá cancelarse en pesos. Otros temas polémicos quedaron para ser tratados aparte, como la responsabilidad del Estado (ya sancionada) y los derechos de los pueblos originarios. “Por fin vamos a poder concretar un largo trabajo con un Código moderno y de neto corte humanitario”, dijo la kirchnerista Diana Conti. “El Gobierno perdió el GPS en cuanto a las prioridades. Una reforma así no se saca a las patadas”, cuestionó el radical Mario Negri.