En diez años de gestión kirchnerista, lo que más creció fue el gasto público: entre 2003 y 2012, las erogaciones de la administración nacional aumentaron un 889,1 por ciento, pasando de representar el 15% del PBI al 25% en 2012. El gasto que mayor crecimiento tuvo fueron los subsidios, en especial los destinados a energía y transporte.

Así lo señala un informe que elaboró la presidencia de la Auditoría General de la Nación (AGN), a cargo de Leandro Despouy, sobre la base de la ejecución de los sucesivos presupuestos de la última década por parte del Gobierno. En ese trabajo, la AGN advierte que el aumento del gasto público fue tal que superó al crecimiento de la economía, pues los ingresos crecieron poco menos de nueve veces mientras que los gastos se multiplicaron por diez en el mismo período.

"Esto llevó a que a partir de 2009 el resultado financiero de la administración nacional se volviera deficitario, hasta representar el 2,27% del PBI en 2012", se indicó en el informe, que fue presentado ayer en el Salón Azul del Senado. Allí estuvieron, además de Despouy, el auditor Horacio Pernasetti (UCR); el ex auditor Alfredo Fólica, y los economistas Alfonso Prat-Gay y José María Fanelli.

El trabajo de la AGN es un pormenorizado balance de diez años de ejecución presupuestaria reflejado en las sucesivas cuentas de inversión que realizó, en ese período, la Contaduría General de la Nación. Como estipula la ley de administración financiera, esas cuentas de inversión son remitidas a la AGN, que elabora un informe que luego debe ser aprobado o rechazado por el Congreso.

"Pese a la relevancia que tienen las cuentas de inversión, los legisladores las discuten con una frivolidad vergonzante, en un trámite exprés", acusó Despouy, quien advirtió que "en la Argentina, la ejecución presupuestaria se convirtió en una herramienta poderosa para el condicionamiento electoral y la disciplina política".

En este sentido, el informe remarcó que las transferencias destinadas a gobiernos provinciales perdieron peso, al tiempo que el criterio de su asignación fue cada vez más discrecional. "Mientras en 2003 el 34% de las transferencias con destino a las gobernaciones provinciales y municipales eran discrecionales, hacia 2012 estas ascendían a 62%."

Otros puntos relevantes del informe son los siguientes:

-Alto grado de incertidumbre sobre la sustentabilidad de la Anses: no se registra la deuda con aportantes activos del sistema no previsional de manera cabal; los juicios en su contra y ciertos activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad no están contabilizados de manera consistente en los registros del Estado.

-Modificaciones presupuestarias: la brecha entre el crédito inicial aprobado por el Congreso y el gasto que luego autoriza el Poder Ejecutivo por medio de decretos de necesidad y urgencia y decisiones administrativas fue de un promedio del 20% cada año, con un pico de 31% en 2007.

-Falta de certeza sobre el monto total de la deuda pública: esto obedece tanto a los procesos de negociación abiertos como a la ausencia de cálculos de ciertas contingencias e inconsistencias en la contabilización.

-Aumento del empleo público: al inicio de 2003 el plantel contaba con unos 260.000 agentes, cifra que trepó a más de 320.000 en 2012, lo que implicó una tasa de crecimiento medio anual de 2,33%.

-Subsidios económicos, primeros en el ranking: de acuerdo con el gasto por finalidades, el mayor crecimiento se observa en los servicios económicos (subsidios), que crecieron a una tasa media anual de 41,5%. Dentro de este rubro, lo gastado en energía, combustibles y minería subió a una tasa promedio anual de 73,3%. El menor aumento se observó en los servicios de defensa y seguridad, que subió en los diez años a una tasa media anual de 23,4%.

-Ausencia de metas para evaluar resultados: cerca del 20% de los programas presupuestarios incumplen con la obligación de establecer metas físicas y del 80% restante que sí las fija es imposible relacionar el monto gastado con la cantidad de bienes y servicios producidos. Esto impide un análisis sobre la razonabilidad de los costos.