El acto se realizó este martes en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia en Talcahuano 550 en el cuarto piso, donde tiene su sede la Corte, en una ceremonia encabezada por Lorenzetti, y los ministros del alto tribunal Elena Higton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. También hubo una fuerte presencia de jueces de diversas instancias y dirigentes políticos.

Nota Relacionada: Se renueva el Consejo de la Magistratura
Por el estamento de los jueces asumieron Luis María Cabral, Leónidas Moldes, y Gabriela Vázquez; en representación de los abogados Adriana Donato y Miguel Alberto Piedecasas y en representación de los académicos Jorge Candis.

Como representantes del Senado de la Nación asumieron sus funciones los senadores del FPV, Pablo González, de la provincia de Santa Cruz y Ruperto Godoy de la provincia de San Juan y el senador del Chaco Ángel Rozas (UCR).

Por primera vez la Magistratura creada por la reforma constitucional de 1994 tendrá un integrante que no es abogado, el senador Ruperto Godoy. Es que al año pasado, fue modificada la ley del Consejo y quedó en pie la cláusula que permite que un consejero pueda no ser abogado.

Los senadores reemplazarán a los kirchneristas Marcelo Fuentes y Ada Iturrez y al radical Mario Cimadevilla.

En representación de los diputados juraron Héctor Recalde y Gustavo Adolfo Valdés, y seguirán en funciones el diputado Eduardo De Pedro y en representación del Poder Ejecutivo Nacional el secretario de Justicia, Julián Álvarez. Reemplazarán a Oscar Aguad y Carlos Moreno.

El Consejo de la Magistratura está integrado por un total de trece miembros que corresponden a los siguientes estamentos, tres jueces del Poder Judicial de la Nación, seis legisladores, dos representantes de los abogados de la matricula federal, un representante del Poder Ejecutivo Nacional y un representante del ámbito académico y científico, duran cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelectos con intervalo de un periodo.

La situación política del Consejo no se modifica con la nueva integración, ya que se mantiene la paridad de fuerzas. Ni el oficialismo ni la oposición tendrán los nueve votos que se requieren para enviar a juicio político a un juez o para aprobar una terna de candidatos para ocupar vacantes en el Poder Judicial, lo que lleva necesariamente a la negociación entre sus miembros.