El gobernador Hermes Binner convocó a una mesa de diálogo constituida por distintas instituciones y poderes del Estado a funcionar en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para tratar los aspectos atinentes a la puesta en marcha definitiva del nuevo proceso penal en la provincia. Lo hizo a través del decreto 1.950, que establece la prórroga del Código Procesal Penal por 120 días a partir del 2 de octubre de 2011.

La normativa, firmada por el mandatario la semana pasada, coincidió con dos hechos que el ministro de Justicia y derechos Humanos, Héctor Superti, consideró como muy trascendentes: la aprobación en Diputados de los 610 cargos de apoyo para las nuevas instituciones, Fiscalía y Defensa, y el rechazo de la Corte Suprema santafesina a un planteo del procurador Agustín Bassó, quien insistía con declarar inconstitucionales algunos aspectos de la reforma. “Estamos organizando un nuevo sistema que es muy complejo, ya hemos pasado la mitad del río. Ahora necesitamos del diálogo permanente de múltiples actores para poner en marcha definitivamente el cambio”, enfatizó el ministro.

En ese sentido, el decreto N° 1.950 invita al Ministerio Público de la Acusación, al Servicio Público provincial de la Defensa penal, a la Corte Suprema y por su intermedio al fuero penal, al sindicato de empleados del Poder Judicial, a la comisión bicameral de seguimiento de la reforma procesal penal, a la Procuración general de la provincia “y eventualmente a otras entidades que en algunos aspectos puedan tener ingerencia en este difícil pero imprescindible proceso a conformar una mesa de diálogo permanente en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a los fines de tratar los aspectos atinentes a la puesta en marcha definitiva del nuevo Código Procesal Penal, convocándose a participar de ella al Ministerio de Seguridad”.

“Por un lado se explica lo que se hizo, el estado actual y lo que falta por hacer en relación a la reforma, es decir que el decreto es un a especie de informe del desarrollo de la transformación”, detalló Superti. “Como ya hemos pasado la mitad del río, ahora la reforma no es sólo tarea del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sino compartida con otros organismos. Como en varias oportunidades no se han podido concretar ese tipo de reuniones, ahora el gobernador convocó por decreto al diálogo. Necesitamos del diálogo permanente para que a la brevedad se pueda poner en marcha definitivamente el cambio”, insistió el funcionario.

Superti consideró en declaraciones a la prensa que también ocurrieron otros hechos importantes la semana pasada. “Por una parte en la cámara de Diputados se aprobaron los 610 cargos para el personal de apoyo de la nueva Fiscalía, de la nueva defensa y de los tribunales penales. Ya estaban designadas las autoridades directivas, se están concursando los fiscales y defensores y sus adjuntos, faltaba el personal de apoyo”, recordó. “Inicialmente habíamos previsto 800 cargos pero priorizamos los consensos, además hay expectativa de que algunos empleados y funcionarios del sistema viejo pasen al nuevo. Lo importante es que ya están conformadas las pirámides”, destacó.

A continuación señaló que “el otro hecho importante es que la Corte Suprema rechazó un segundo planteo de inconstitucionalidad del procurador Bassó, es decir que se volvió a ratificar la constitucionalidad de todo lo que estamos haciendo y lo que hemos planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: lo constitucional es lo que estamos haciendo y lo inconstitucional lo que estamos dejando atrás”.-