Una denuncia judicial que a primera vista podría lucir como el intento de determinación de la responsabilidad detrás de un delito, en la práctica podría convertirse en un resquicio legal en el que ocultarse para los tres acusados por una de las Justicias más duras con los criminales financieros.

El escándalo internacional desatado en los Estados Unidos por la denuncia contra funcionarios de la FIFA y empresarios ligados al negocio de fútbol por el pago de coimas tuvo este jueves su capítulo local cuando la Administración Federal de Igresos Públicos (AFIP) denunció por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis, y las firmas Torneos y Competencias SA y Full Play SA.

Sin embargo, la causa radicada en los tribunales argentinos, lejos de contribuir al esclarecimiento de la larga serie de contubernios denunciados por la fiscal Loretta Lynch, podría permitirles a los acusados evadir a la Justicia de los Estados Unidos, famosa por la severidad de las penas para los responsables de delitos financieros.

Ahora, los tres empresarios afrontan dos jucios distintos: por un lado, el juicio de extradición, que quedó en manos del juez Claudio Bonadío luego de que la cancillería recibiera el pedido y le diera curso a la Justicia; por otro, la denuncia de la AFIP, que recayó en el Juzgado Penal Tributario Nº 2, a cargo de Diego García Berro.

El abogado Eugenio Bruno, del Estudio Garrido, explicó que ambas causas corren por vías separadas y que en la práctica, la investigación iniciada por el organismo recaudador "puede frenar una extradición" o, incluso, hacerla completamente inviable. ¿Por qué? Sucede que "el principio general es que si los delitos que se investigan en Estados Unidos y aquí en Argentina son iguales, ahí directamente no habría extradición, porque se trataría del mismo delito, por lo tanto los tribunales locales tendrían competencia única". Es lo que dispone el tratado de extradición vigente con los Estados Unidos, aprobado en 1999 por la Ley 25.126.


Para el especialista en derecho interacional José Ignacio García Hamilton (h) "los convenios son muy claros y el que tiene que decidir la extradición es la Justicia argentina, con lo cual la Justicia argentina tiene que mantenerse en el marco estrictamente legal y el convenio es muy claro: si la persona está siendo juzgada en su propio país por el mismo delito, no corresponde la extradición".

Sin embargo, cabe aún otra posibilidad: que los delitos denunciados por la AFIP no sean exactamente los mismos que los denunciados por la fiscal Lynch. Es lo que fuentes del ente recaudador le aseguraron a Infobae, y lo que para Bruno parece ser el caso. "Los delitos que están siendo investigados por la Justicia de los Estados Unidos serían más amplios y de mayor cantidad que los que en principio la AFIP estaría persiguiendo aquí en la Argentina", explicó el abogado del estudio Garrido.

De todos modos, si bien el pedido de extradición podría resultar procedente, los acusados podría tener aún una larga estadía en el país por delante. Y es que incluso con una sentencia de extradición en su contra, "el juez de la denuncia que hace la AFIP puede decidir que la extradición no corresponde hasta que él no termine su proceso", sostiene Bruno. Ese fue el caso de Andrés Truppel, de la empresa Siemens, denunciado en el exterior por delitos más amplios que aquellos por los que era juzgado en el país, pero cuya extradición quedó supeditada a la finalización del proceso que se le llevaba aquí.

Pero hay más: otro modo de evitar la extradición consiste en "autodenunciarse" por el mismo delito que el que es motivo de persecución en los EEUU para de ese modo hacer improcedente a extradición. Fue el caso de Hernán Arbizu, ex vicepresidente de la filial local de JP Morgan, quien decidió colaborar con la Justicia argentina, autodenunciarse, y evitar así ser juzgado en los Estados Unidos.

"Se asume que la Justicia de Estados Unidos es muy drástica", explica Bruno y agrega: "Nadie quiere ir a la Justicia de Estados Unidos, desde los narcotraficantes colombianos, mexicanos, y cualquier persona que cometa un crimen financiero, porque las reglas de juego allá son distintas, las condiciones son muy complicadas, además del costo de defenderse". "Las penas de lavado de dinero en Argentina son infinitamente menores a las penas en los Estados Undios", añade García Hamilton (h).

En cualquier caso, la decisión final sobre la extradición la tendrá el Poder Ejecutivo, pues de acuerdo con la ley argentina el presidente puede considerar que existen motivos por los cuales no conviene extraditar a una persona, y rechazarlo, aún cuando la Justicia haya determinado lo contrario. "Muchas veces en estas situaciones lo político se mezcla con lo legal. No va a ser ajeno a este caso", pronosticó García Hamilton (h).