Luego de que M.D, un empleado judicial que había sido excarcelado a pesar de estar acusado por abusos reiterados a su hija adolescente, volvió a atacarla, estalló el escándalo judicial en la ciudad de Vera, donde se produjeron los hechos.

La madre de la víctima dijo que iba a pedir el juicio político para el magistrado Gustavo Gon, quien ordenó la excarcelación, y también para el defensor general, Gabriel Ganón quien reincorporó a Díaz en su cargo dentro del Servicio Público de la Defensa.

Mientras tanto, la fiscalía regional aseguró que desde el Ministerio Público de la Acusación se había pedido que el imputado permaneciera tras las rejas y que se había advertido del peligro que implicaba para la adolescente la libertad de su padre. Como contrapartida, se conoció el fallo del juez Gon, en el cual fundamenta que le otorgó la libertad a Díaz porque la prisión preventiva había sido solicitada por la fiscalía para que se pudiera realizar la cámara Gesell a la víctima, y que como esa prueba ya se había producido, no se podía sostener la cautelar. Cuando, en la misma audiencia, la fiscalía insistió en el reclamo, y pidió que la detención se sostenga porque debían tomarse más testimonios, el juez contestó que no le correspondía a la fiscalía introducir nuevos elementos en esa audiencia para justificar la cautelar.

Quedó detenido preventivamente el hombre que abusó de su hija en Vera

El dictamen Con el escollo judicial al rojo vivo en los medios de comunicación y con la responsabilidad sobre la reiteración del ataque que sufrió la víctima, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco, ordenó una investigación administrativa sobre el desempeño de los tribunales que intervinieron en el caso, es decir, sobre Gustavo Gon.

El informe deberá ser elaborado por el fiscal de Cámara Nº 1 de Santa Fe, Miguel Ángel Molinari, quien deberá entregar los resultados al máximo tribunal en un plazo de 30 días. El dictamen que surja de ese informe será clave. Si se detecta que hubo algún tipo de error por parte del magistrado, el escrito sería enviado al Procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, quien podría presentarlo directamente ante el Tribunal de Enjuiciamiento.