En las últimas horas se conoció que la totalidad los médicos del servicio de Ginecología del Hospital Iturraspe están anotados en el registro de objetores de conciencia. Esto implica que no hay profesionales de esa especialidad que realicen abortos no punibles (aquellos claramente permitidos por el Código Penal de la Nación).

Por ello, el representante de la Comunidad en el Consejo de Administración del nosocomio, Mariano Figueroa pide que las autoridades políticas tomen cartas en el asunto e inclusive solicita la renuncia del jefe de dicho servicio, Samuel Seiref.

“Para nosotros es una situación institucional y jurídica muy grave, porque impide el acceso de las mujeres a su derecho a la salud sexual y reproductiva, tal cual lo garantiza nuestra Constitución Nacional y un fallo reciente de la Corte Surprema de Justicia de la Nación”, argumentó Figueroa, y opinó que ese derecho está siendo impedido por “una corporación” (la corporación médica).

“Este es el hospital donde falleció Ana María Acevedo, y si hay otra Ana María nadie está de acuerdo en intervenir”, agregó, en referencia a la joven oriunda de Vera que hace ocho años murió de cáncer en el Iturraspe porque se negaron a hacerle un aborto terapéutico.

“El sistema de salud tiene que actuar”, exigió Figueroa, y adelantó que si el Ministerio provincial no interviene, acudirán a su par de la Nación. Asimismo, opinó que “hay que remover al jefe (de Ginecología), Samuel Seiref, porque alguien tiene que garantizar ese derecho. Hoy nos vemos obligados a buscar a médicos de otro servicio o a derivar a otros hospitales”.

Finalmente, aclaró que no está de acuerdo con el aborto, pero sí con la interrupción del embarazo cuando está contemplada por ley.

Por su parte, Seiref convino que serán en todo caso “las autoridades” quienes tengan que “arbitrar los medios para que la paciente se pueda atender en otros efectores”.

“Estamos convencidos de que actuamos de acuerdo a nuestras convicciones y a la cuestión legal”, afirmó, pero negó que dichas convicciones procedan de la religión, sino que son de índole “moral o de ideales respecto a la vida”.

Sin embargo, sostuvo que no piensa renunciar. “Llevo muchos años con el hospital. Toda mi vida he ejercido y me he preocupado por mis pacientes. Mal puedo, por la opinión de una persona (en referencia a Figueroa), dar un paso al costado. Si él cree que he actuado de forma ilegal o que estoy dañando a nuestras pacientes, tendría que hacer la correspondiente denuncia penal”, desafió.