En la tarde de este jueves, la Cámara de Diputados volvió a postergar el tratamiendo de la ley provincial de agroquímicos para otra sesión.

Las dos propuestas en discusión eran dos: una del justicialista José María Tessa, que pretende la prohibición total de las fumigaciones aéreas, y otra de la socialista Inés Bertero, con restricciones menos extremas y mayores posibilidades de prosperar.

Desde esta mañana, las ONGs que conforman el Foro Santafesino por la Salud y el Medio Ambiente acamparon en la explanada de la Legislatura. Entre ellas, la Asociación de Defensa Ciudadana. En diálogo con LT10, su presidenta Paulina Riera acusó a la diputada Bertero de “sojera” y sostuvo que “tiene intereses personales, económicos, en juego”.

“No es justo que simplemente se alejen las fumigaciones entre 100 y 200 metros (si existe una protección arbórea)”, opinó. “Alejan las fumigaciones aéreas pero no las prohíben, entonces invalidan la posibilidad de hacer agroecología, porque lo que se larga al aire llega a todos lados”, continuó. “Es mentira el argumento de las ‘buenas prácticas’. No se puede controlar el aire, y cuando cargan el avión con pesticida y cambia la dirección del viento no lo descargan y lo vuelven a poner en los bidones: fumigan igual”.

La posición de los ruralistas
La postura de la entidades agropecuarias difiere sensiblemente de la precedentemente expuesta. Por caso, el coordinador de la comisión de Agricultura de Carsfe, Martín Favre, afirmó que “el proyecto de Bertero recopila todo lo que la ciencia y la tecnología hoy pueden poner al servicio de la legislación” en materia de agroquímicos.

Favre aseguró que desde la entidad están evaluando el tema “mucho antes que los grupos ambientalistas” y lamentó que “la discusión quedó atrapada en (las aplicaciones) en el periurbano con más o menos metros”. “A nosotros nos preocupa no sólo eso sino todas las aplicaciones, que la producción agropecuaria esté reglada por las buenas prácticas”.

“El problema más grave que tenemos es el control”, argumentó. “El organismo de aplicación es el Ministerio de la Producción y hay diez inspectores para toda la provincia. Evidentemente no se va a poder hacer un control eficiente. Entonces, lo que propone el proyecto es que en las 365 localidades haya un ingeniero agrónomo” que sería el responsable de parte del municipio o comuna, que tendría el poder de policía delegado por parte de la mencionada cartera.

“Lo mas importante no pasa por los metros sí o los metros no”, insistió para concluir Favre.