La Corte Suprema de la Nación advirtió que desde el 2009 surgió la "necesidad de enfrentar el problema", por lo que el diagnóstico fue informado al resto de los poderes.

En su argumentación, los miembros del máximo tribunal aseguran que "está en juego la seguridad de la población y que es necesaria una política de Estado urgente, efectiva y coordinada".