"Lejos de hablar de una puerta giratoria, en Santa Fe la puerta queda trabada". El integrante de la Corte Suprema de Justicia provincial Daniel Erbetta le contestó en esos términos al ministro de Seguridad Raúl Lamberto, quien había reclamado que "al menos los delincuentes más violentos" quedaran "adentro", tras difundirse un informe que fijaba la tasa de excarcelaciones en el orden del 65 por ciento. Con números propios, el juez del máximo tribunal refutó esos datos y advirtió que se otorgaron libertades sólo en el 20 por ciento de las más de 2 mil audiencias imputativas celebradas este año.

"El aumento de encarcelamiento no resolvió el problema de la seguridad ni mejoró las condiciones de la gente en ningún país del mundo", replicó ayer Erbetta con números emanados de las oficinas de gestión judicial de la provincia. Así, dijo que desde el 1 de enero hasta el 16 de octubre se realizaron 2.278 audiencias imputativas con la intervención de magistrados (quedan fuera de ese registro las realizadas en fiscalía con acusados en libertad) y que de ese total se otorgaron 280 libertades.

Los datos difieren de los difundidos días atrás citando un informe de la Dirección de Análisis e Inteligencia de la policía y de la Dirección General de Coordinación con las oficinas de gestión judicial. Oficinas que, según el ministro de la Corte, no suministraron esa información. El reporte planteaba que hasta el 30 de septiembre se había arrestado a casi 30 mil personas en Santa Fe, de las cuales 11 mil habían cometido un ilícito y la mayoría no quedó presa.

"Ese informe nunca fue negado (por el gobierno), pero los datos confiables los tenemos nosotros", dijo Erbetta, quien reclamó más investigación criminal para poder diseñar políticas de seguridad. Tras la difusión de esos números, Lamberto planteó que "la sociedad reclama que se termine con la puerta giratoria, sobre la que se debate si existe o no" y pidió que "al menos los delincuentes más violentos queden adentro".

"No comparto esa opinión y no creo que se corresponda con datos reales", respondió Erbetta, para quien "sería especulativo decir que todos los jueces se ponen de acuerdo para liberar a los presos" cuando resuelven "cada caso en base a su autonomía de criterio". Y reclamó "definir en qué tipo de sociedad queremos vivir. Si la solución a la inseguridad es aumentar encarcelamientos estamos en un problema".

Funciones específicas. Otro punto de conflicto son los presos en prisión preventiva sin condena, una variable que con el nuevo sistema penal se sitúa "en un 50 por ciento a pesar de que es más ágil que el anterior". En ese marco, Erbetta pidió diferenciar "cuáles son las funciones que cada una de las agencias tiene en el sistema. La que le corresponde a los jueces es hacer respetar los derechos y evitar la impunidad. La de los fiscales es la persecución penal estratégica y la investigación de los delitos. Pero el problema de la inseguridad tiene que ver con instancias previas a la Justicia, que no previene el delito sino que interviene cuando ya ocurrió".

En cuanto al diseño de políticas en materia de seguridad, Erbetta advirtió que "uno de los grandes déficits de nuestro país ha sido la falta de investigaciones empíricas cuali y cuantitativas sobre la dinámica de la violencia, para saber dónde estamos parados. La violencia no es igual en México, en Colombia, en Uruguay, en Argentina y en Chile. No es igual en Rafaela y en Rosario", comparó, e indicó que el Poder Judicial cuenta con datos que podrían contribuir a trazar diagnósticos serios. "Hay que generar análisis criminal y definir los reales problemas de seguridad", aconsejó.

"Con muchos aspectos de ese informe tenemos diferencias y no creo que se corresponda con datos reales (se distanció Erbetta). Se habla de 30 mil detenciones en nueve meses. Sería un nivel de detención que no reconoce antecedentes en la historia de la provincia y sería preocupante que el concepto para bajar la inseguridad fuera detener personas". Como ejemplo, citó que en 2000 la tasa de encarcelamiento en el país era de 86 cada cien mil habitantes y ahora de 200 cada cien mil, lo que no redujo la criminalidad.

El cuestionado informe señalaba que en 2015 se detuvo a unas 30 mil personas, 10.700 por cometer delitos y el resto en averiguación de antecedentes. Puntualiza que al 65 por ciento de los implicados en causas penales se les había otorgado la libertad, y consigna que se realizaron 5.492 audiencias imputativas, de las cuales 2.628 corresponden al nodo Rosario.

Esos datos difieren con los procesados por las oficinas de gestión judicial que coordinan las audiencias imputativas. Hasta el 16 de octubre, según esos números, se habían realizado 2.278 audiencias en toda la provincia: 1.258 en Rosario, 608 en Santa Fe, 174 en Venado Tuerto, 123 en Rafaela y 115 en Reconquista. En 280 casos se otorgaron excarcelaciones y en 186 arrestos domiciliarios. "Se habla de una puerta giratoria pero los números dicen lo contrario: es muy alto el porcentaje de encarcelamiento confirmado por los jueces", concluyó Erbetta, aunque aclaró que "la idea de que metiendo gente presa tiene fuerza cultural pero científicamente es falsa".

De los juicios abreviados y el nuevo sistema penal

Uno de los rasgos del nuevo sistema de enjuiciamiento penal vigente desde febrero de 2014, cuando la modalidad oral reemplazó a la escrita, es el predominio de los acuerdos abreviados entre las partes por sobre el juicio oral y público para resolver causas penales. "No es lo más aconsejable tener un sistema que resuelva todas sus situaciones a través del juicio abreviado", consideró el ministro de la Corte provincial Daniel Erbetta sobre esa desproporción, aunque consideró que "todavía es prematuro hacer una valoración".

Los acuerdos abreviados quedaron en el centro del debate este año con el cuestionado convenio cerrado por los tres integrantes de la banda de Los Monos acusados de matar al bolichero Diego Demarre, un convenio que rebajó la calificación penal y que se cayó el mes pasado por falta de fundamentación. Si bien el caso puntual no ilustra sobre el resto ni desmerece las ventajas de ese procedimiento, lo cierto es que alentó un debate que incluyó un pedido del gobernador electo Miguel Lifschitz para que sea pasible de un retoque legislativo que impida su uso en casos graves.

En el primer año de funcionamiento del nuevo sistema penal hubo más de mil juicios abreviados en la provincia y sólo 14 causas fueron a juicio oral. "El abreviado es un instrumento complicado porque implica condenar sin juicio", advirtió Erbetta, e indicó que su uso se descuenta cuando "la prueba torna innecesaria la realización de un juicio y el defensor pacta una pena favorable".

Para evitar arbitrariedades, señaló, "hay protocolos de la defensa pública de sólo acordar abreviados con prueba fiscal producida, controles del Ministerio Público Fiscal sobre el trabajo de sus fiscales y generación de estándares". Y reconoció que "es un objetivo a perseguir la medición de la relación entre la cantidad de abreviados y de juicios orales".

El ministro de la Corte resaltó otras ventajas del nuevo sistema, como la visibilidad y transparencia que lo hacen "mucho más democrático" y "el aumento de la tasa de esclarecimiento de los homicidios, que está superando el 50 por ciento".