En diálogo con LT10, Isaac Rubinzal, presidente de la Cámara Argentina del Libro, expresó que “nosotros no nos oponemos a los medios modernos de reproducción. Pero creemos que lo ilícito tiene que transformarse en lícito. No es justo que alguien se apropie en un ratito del trabajo intelectual de toda la vida de un escritor. No podemos desproteger el trabajo intelectual”.

Consultado sobre el proceso judicial que lleva adelante la Cámara Argentina del Libro con el sitio Taringa, Isaac Rubinzal sostuvo que “nosotros no nos oponemos a las formas modernas de difusión. Ahora, hay que cumplir la ley. Los autores tiene que tener su retribución lógica porque si no estamos atentando contra el trabajo intelectual. En todo caso habrá que pensar una ley más moderna. Pero mientras rija la norma existente, hay que cumplirla”.

Finalmente, el presidente de la Cámara Argentina del Libro remarcó que “nosotros luchamos por la protección de la propiedad intelectual. No puede ser que cualquiera se erogue el derecho de apropiarse del trabajo ajeno. Este es el debate que hay que dar”.

El Caso Taringa 

El último 6 de mayo, los hermanos Botbol fueron procesados como “partícipes necesarios” del delito de violación a la propiedad intelectual por permitir que en Taringa! algunos de los 50 millones de usuarios que la visitan cada mes compartan, en forma de links, material protegido por el artículo 72 de la Ley 11.723, que data de 1933. El artículo establece que es delito editar, vender o reproducir por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada, sin autorización de su autor o derechohabiente. Éstos últimos, los editores, fueron los que promovieron la demanda en 2009: las editoriales Astrea, La Ley, Rubinzal y Asociados, Ediciones de la Flor S.R.L., Ediciones La Rocca S.R.L., Editorial Universidad S.R.L., Gradi S.A. y la Cámara Argentina del Libro.


Como descargo, los propietarios del sitio alegaron que es imposible para ellos comprobar si los contenidos que postean los usuarios violan los derechos de autor dada la magnitud del tráfico (20 mil posts diarios) y porque tampoco cuentan con los registros de propiedad intelectual para cotejar los datos. “Es una decisión de Taringa! no revelar datos de sus usuarios”, agregó Matías Botbol ante un auditorio que lo requirió personalmente cuando se habilitaron las preguntas. Como era técnicamente imposible ir contra los usuarios “que subieron la obra y los que la bajan”, en primera instancia la demanda no prosperó.


Pero según la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, los responsables de la página “son al menos partícipes necesarios de la maniobra y además claros conocedores de su ilicitud”, según el fallo del Centro de Información Judicial. Los usuarios comparten información en forma de links, en los que si otro usuario hace clic, accede a una Web externa donde se almacena información con derechos reservados: Taringa! ni siquiera alberga físicamente en sus servidores los contenidos ilegales –como ocurrió con Napster hace 10 años– sino que informan a través de hipervínculos que otros sitios están alojados determinados materiales.


Habrá un juicio y, como se trata de una demanda penal, en caso de condena las penas son de un mes a seis años de prisión. “Pero el Código Penal es taxativo: lo que no está tipificado no es delito”, aclara Busaniche, en un intento de mostrar que “están en busca de una medida ejemplificadora”, pero también que están en juego la libertad de expresión y, en definitiva, el acceso a la cultura.