El Ministerio de Justicia dispuso la exclusión del abogado Rubén Lucas Saurín "como postulante en los procesos de selección de concursos públicos en trámite para aspirar a los cargos de fiscales y fiscales adjuntos de las circunscripciones judiciales Nº 1, 3 y 5 de la provincia", por haber presentado documentación falsa en sus antecedentes. Específicamente el certificado de un curso de capacitación dictado en el ámbito del Poder Judicial exclusivamente para magistrados pese a que el postulante no es juez.

La conducta de Rubén Lucas Saurín es reprochable ya que constituye un acto de mala fe, dado que pretendió ignorar o subestimar la reglamentación que regula los concursos y burlar la tarea de los responsables de llevar adelante la selección. El caso tuvo repercusión inmediata por su condición de hijo de un ex juez.

El certificado que el joven Saurín, de 33 años, pretendió hacer pasar como propio para abultar los antecedentes que exhibió en el concurso al que se presentó para integrar la planta de fiscales del Ministerio de la Acusación, pertenece a su padre, el ex juez de instrucción de la 4ª nominación de Santa Fe, Rubén Saurín.

La maniobra fue deliberada y no existe atisbo de dudas en las autoridades que tomaron la decisión de excluir a Saurín de la competencia dado que lo que buscó fue sumar puntaje a su postulación de modo irregular.

Los certificados de participación a cursos de capacitación presentados suman muchos puntos por el reconocimiento a la formación que otorga la reglamentación de los concursos.

Fue esa incidencia, según se informó oficialmente, la que llevó a los funcionarios ministeriales a extremar el celo en la verificación de la documental elevada por los postulantes.

En ese trámite rutinario llamó la atención un certificado que Saurín (h) presentó al concurso público y se decidió investigar su origen. Entre sus antecedentes, había una constancia de asistencia a un curso de "Entrenamiento y Capacitación en Litigación Oral", realizado por el Centro de Capacitación Judicial en 2008.

Escándalos. El apellido Saurín ganó espacio mediático con un escándalo protagonizado por Saurín padre cuando estaba al frente del juzgado de Instrucción y fue denunciado por la Empresa Provincial de la Energía (EPE) por hurto de energía en su domicilio particular.

El juez, según la EPE, estaba colgado a la red eléctrica en su casa del residencial barrio de Guadalupe. La investigación concluyó con un pedido de jury para destituirlo pero Saurín logró jubilarse antes.

Si bien este antecedente no debería afectar al hijo del ex juez, existe otro escándalo público protagonizado por el joven abogado en marzo último, en ocasión de rendir un examen en el concurso para jueces penales de primera instancia de Santa Fe. Saurín (h) se presentó y mantuvo consigo material de estudio que los requisitos prohibían expresamente a la hora de la exposición, lo que fue advertido y denunciado por otro postulante.

Ahora pretendió usar un certificado de su padre para obtener un mayor puntaje. Eso fue corroborado en el Centro de Capacitación Judicial, cuya directora Jaquelina Balangione, respondió a la consulta aseverando que el curso en cuestión estaba prohibido para quien no fuera magistrado o funcionario del Poder Judicial y que por ende, Rubén Lucas Saurin no había asistido. Balangioni confirmó que sí había participado del curso Rubén Eduardo Saurín entonces magistrado del Poder Judicial.

Falsedad. Ante ello se expidió la Dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio. "La información contenida en la documentación que conforma la postulación de los inscriptos tendrá carácter de declaración jurada. La constatación de su falsedad implica la automática exclusión del postulante", explicaron.

Añadieron que "por su conducta no es difícil considerar que estamos en presencia de un hecho de inusitada gravedad".

Subrayan que "intentó alcanzar de manera ilegítima un puntaje en concepto de antecedentes personales académicos mayor al que efectivamente le correspondía. De ese modo, afectó los procedimientos de selección de carácter público y ocasionó un perjuicio real y directo a los fines públicos comprometidos por el Estado Provincial en esta actividad administrativa. También vulneró los intereses legítimos de los restantes postulantes a cubrir los cargos y de manera indirecta, a la comunidad en general".