"El tiempo promedio es de un año, pero cuando hay una situación de amparos y amparos" por parte de la defensa del reclamado "se puede ir de cuatro a seis años", indicó a una fuente oficial que, aún así, aclaró que existe la figura de la llamada "extradición temporal" que podría acelerar su procesamiento en el vecino país.


Según la fuente, tras "ejecutar" el fin de semana las dos órdenes de detención con fines extradición en contra de Guzmán, en el penal en el que está recluido desde el viernes, "se notificó a la autoridad jurisdiccional" correspondiente y con eso "se dio formalmente inicio del procedimiento".

El diario El Universal citó al director de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), José Manuel Merino, quién confirmó que el proceso podría demorar más de un año, y que eso dependerá de los recursos que presenten los abogados.

Joaquín "El Chapo" Guzmán fue notificado oficialmente de que dos cortes de Estados Unidos lo requieren para juzgarlo por delincuencia organizada y homicidio, entre otros cargos, con lo que se reinició el proceso de extradición, lo que en principio parecía un cambio de postura respecto a las reticencias anteriores de este organismo.

En un comunicado, la PGR informó que personal de Interpol México presentaron al interior del penal federal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, en donde fue vuelto a encarcelar El Chapo, las órdenes de aprehensión con fines de extradición.

Con esto, "El Chapo", de 58 años, quedó debidamente notificado del inicio de sus procesos de extradición solicitados por el gobierno de Estados Unidos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

Durante los seis meses que Guzmán evadió la acción de la justicia, sus abogados tramitaron diversos amparos. Sin embargo la PGR dijo que esto no significa que las autoridades estén impedidas de ejecutar esas órdenes de aprehensión con fines de extradición, porque algunos de ellos fueron desestimados pero otros siguen en trámite.

La nueva postura de la PGR es diferente a la del anterior procurador general, Jesús Murillo Karam, que en su momento dijo que extraditaría a "El Chapo" después de cumplir entre 300 o 400 años de condena. 

En caso de que la SRE "emita un acuerdo concediendo su extradición", Guzmán tiene derecho a interponer un juicio de amparo en contra de dicha determinación. 

El gobierno de Estados Unidos presentó el 16 de junio y el 31 de agosto de 2015 ante la SRE las peticiones formales de extradición de Guzmán por los delitos de asociación delictuosa para importar y poseer cocaína con la intención de distribuir, asociación delictuosa, delincuencia organizada contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego, entre otros. 

"El Chapo", recapturado el viernes seis meses después de fugarse de una prisión de máxima seguridad, cuenta con seis amparos para frenar su extradición a Estados Unidos, según su abogado Juan Pablo Badillo.

Y hoy, la justicia federal suspendió cualquier acto del gobierno para entregar a Guzmán a Estados Unidos. Dos juezas federales ordenaron suspender los posibles malos tratos, actos de incomunicación y la deportación inmediata a Estados Unidos sin un procedimiento legal de por medio, según registros oficiales.

Los Juzgados Segundo de Distrito en Materia Administrativa y Noveno en Amparo Penal, ambos en el DF, concedieron suspensiones al presunto narcotraficante, en demandas de garantías que fueron presentadas horas después de trascender la noticia de su detención en Los Mochis, Sinaloa.

La posibilidad de que el líder del cartel de Sinaloa sea llevado a EEUU fue respaldada, en cambio, por la mayoría de los encuestados por una consultora. El 42 por ciento de los que respondieron se mostraron a favor de esta chance, sobre un 18 que se declaró a favor de que “los juzguen en México”.

El estudio, realizado en forma telefónica por el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), mostró que otro 18 por ciento dijo no saber qué debía hacer el Gobierno con el líder del cártel de Sinaloa o no contestó, el 9 % opinó que es necesario "más y mejores medidas de seguridad en su prisión" y el 6 % pidió encarcelarlo, juzgarlo y aplicarle penas máximas.

El 60 % consideró errónea la decisión del Gobierno de trasladarlo nuevamente al penal del Altiplano, del que se escapó el 11 de julio por un túnel de 1,5 kilómetros que comunicaba su celda con una casa en construcción a las afueras de la prisión.

A la pregunta "¿qué cree que pasará con el Chapo", el 45 % estimó que se le aplicará el peso de la ley, mientras que el 18 % opinó que saldrá libre.

A la polémica se había sumado anoche el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, para quien México debía aplicar su sistema de impartición de justicia sobre Guzmán antes de que este sea extraditado a Estados Unidos.

"El sistema de procuración e impartición de justicia de México debe demostrar su capacidad para procesar, sentenciar y sancionar" al capo, subrayó Zambrano.