La ira provocada por la decisión del Gobierno de Barack Obama de deportar a familias centroamericanas en plenas navidades no se aplaca. Más de 140 legisladores han firmado una carta al presidente denunciando esta acción y pidiendo medidas “integrales” para solucionar esta crisis de “refugiados”. En vísperas del viaje a Guatemala del vicepresidente, Joe Biden, el Departamento de Estado anunció este miércoles que ampliará su programa de refugiados a “individuos y familias” vulnerables de la región. Aunque esta era una de las demandas de los congresistas, se ve con suspicacia el momento elegido para revelar un plan que aún no está del todo perfilado.

La carta le llegó a Obama cuando se preparaba, en la tarde del martes, para pronunciar su último discurso sobre el estado de la Unión. En ella, 146 legisladores demócratas le dejaron clara su “fuerte condena” a la operación del Departamento de Seguridad Nacional que ha provocado la detención de más de un centenar de “madres y niños refugiados” de El Salvador, Guatemala y Honduras. Pese a que las cifras no son muy altas, su impacto social sí lo ha sido. “Ha generado un amplio pánico en las comunidades inmigrantes”, denunciaron los congresistas, que reclaman que se “detenga de inmediato” esta operación y se inicie un “esfuerzo integral con los aliados hemisféricos” de Estados Unidos para buscar una solución “humanitaria” a una “crisis de refugiados regional”.

Una ocasión para iniciar el debate la tendrá Biden el jueves, cuando asista a la toma de posesión del nuevo presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Lo acompaña el secretario de Seguridad Nacional (y responsable de la operación de deportación), Jeh Johnson, una señal de que la cuestión es parte de la agenda del viaje.

Alternativas seguras

Mientras, el secretario de Estado, John Kerry, anunció este miércoles un plan que prevé aumentar el número de refugiados centroamericanos que pueden solicitar asilo en EE UU. “Tenemos planes para ampliar el programa de admisión de refugiados en EE UU para ayudar a familias e individuos vulnerables de El Salvador, Guatemala y Honduras”, dijo Kerry en la Universidad Nacional de Defensa. El objetivo, agregó, es ofrecer a estas personas una “alternativa segura y legal al peligroso viaje que muchos se ven tentados de emprender”.

Según el Departamento de Estado, para ello se “colaborará con ACNUR [la agencia para los refugiados de la ONU] y ONG aliadas para identificar a personas necesitadas de la protección al refugiado”. Entre ellos se cuentan personas “perseguidas por bandas criminales, defensores de los derechos humanos amenazados y otros” individuos. Además, se estudiarán “opciones adicionales” que podrían beneficiar a personas “bajo riesgo inminente de sufrir daños”, lo que en lenguaje burocrático podría implicar aceptar el argumento de muchas madres centroamericanas que, para emigrar a EE UU con sus hijos, alegan ser objetivo de las maras.

Aunque es diferente, el programa se basa en el lanzado a finales de 2014 para procesar solicitudes de estatus de refugiado de menores centroamericanos que buscan reunirse con sus padres en EE UU, siempre que uno de ellos sea residente legal en este país, con la diferencia de que estos nuevos solicitantes, además de incluir a adultos, no necesitarán tener un familiar regularizado en EE UU. Se espera que se establezcan centros de procesamiento de solicitudes en terceros países, aunque todavía no hay una decisión final.

Un paso positivo, pero no suficiente

Pese a su vaguedad, estos planes parecen responder a una de las demandas de los legisladores, que reclamaban que se contemple el “proceso de selección y reasentamiento” de refugiados y el “uso de santuarios en terceros países”. El congresista Luis Gutiérrez, uno de los impulsores de la carta, dijo a EL PAÍS que el anuncio “parece un paso positivo”. No obstante, en declaraciones por correo electrónico subrayó que los signatarios siguen considerando que “las redadas y detenciones no son la manera adecuada de tratar a madres y niños que huyen de Estados fallidos donde sus vidas están en peligro”.

El director de la organización proinmigración America’s Voice, Frank Sharry, también saludó la medida, pero destacó la “contradicción” subyacente en el hecho de que “ese mismo Gobierno” que prevé ahora aceptar refugiados centroamericanos “defiende las redadas y deportaciones de los que ya están en Estados Unidos”. En este sentido, el responsable de comunicaciones del Centro para un Cambio Comunitario, Carlos Vogel, cuestionó el momento elegido por Kerry para el anuncio. “El gobierno ya venia hablando sobre el tema de expandir el programa de refugiados a personas provenientes del Salvador, Guatemala y Honduras, pero considero que han decidido hacer este anuncio ahora para opacar el tema de las redadas que el gobierno está llevando a cabo a madres y sus hijos centroamericanos”, comentó a este periódico.

Por el momento, el Gobierno estadounidense no quiere aventurar públicamente cifras sobre cuántos centroamericanos podrían beneficiarse de esta ampliación del programa de refugiados. En vista de la crisis provocada por los refugiados sirios, Obama ordenó el año pasado aumentar a 85.000 la cuota de refugiados a recibir en este año fiscal, pero el porcentaje reservado para refugiados latinoamericanos es muy pequeño. Antes del incremento de la cuota, que debería aumentar también la latinoamericana, era de no más de 5.000 al año, y la mayoría de los beneficiados eran de origen cubano. De hecho, según la Oficina de Refugiados y Migraciones del Departamento de Estado, en el año fiscal 2013 fueron aceptados 4.439 refugiados de la región. De ellos, 4.205 eran cubanos -que disfrutan de leyes ventajosas para su asentamiento en EE UU- y 230 colombianos. Desde finales de 2014, Estados Unidos incluye a "ciudadanos de Honduras, Guatemala y El Salvador” en este grupo de personas que “podrán ser consideradas refugiadas con el objetivo de ser admitidas en Estados Unidos”.

Una vez preseleccionado por ACNUR, como ocurrirá con los centroamericanos, el proceso hasta que un solicitante es aceptado como refugiado y llega a Estados Unidos suele durar entre 18 y 24 meses, según el Departamento de Estado.