Los gobiernos de la península ibérica anunciaron sendas medidas para poner en caja sus cuentas y así acercarse a las exigencias que los organismos financieros internacionales les demandan para ayudarlos a financiar sus cuentas.

El Gobierno de Portugal fue, incluso más allá, al anunciar un drástico recorte en la administración pública de su país que supera lo solicitado por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. En un importante esfuerzo para reducir la estructura del Estado, el ejecutivo luso se propone ahorrar alrededor de cien millones de euros.

El Consejo de Ministros ejecuta de esta manera las ya anunciadas reformas del aparato del Estado.

Estas medidas redundarán en una reducción del 38 % de las “estructuras orgánicas” de la Administración pública central y una baja de un 27% de los funcionarios de altos cargos. De esta manera se eliminarán 162 entidades públicas y 1.712 funcionarios jerárquicos.
Esperan poder concluir en dos meses con el trabajo que incluye la aparición de 25 nuevas entidades fruto de la fusión de organismos.

El Ejecutivo justificó su sobreactuación al aludir a la necesidad de “racionalizar” el sector público que tiene actualmente más de medio millón de empleados.
El Consejo de Ministros anunció también que las entidades públicas deberán informar trimestralmente sobre su organización laboral.

Portugal recibirá a cambio un rescate financiero de alrededor de 78.000 millones de euros, cuya primera cuota ya se abonó en el mes de mayo pasado.
El Estado Portugués necesitará reducir en durante tres años el déficit público del 9,1% del PBI al 3% para el 2013. España anunció, luego de la polémica por las reformas constitucionales acordadas para limitar el endeudamiento público por ley, la restauración del Impuesto al Patrimonio. El estado español espera así sumar entre 2012 y 2013 alrededor de 2.160 millones de euros adicionales.

La vicepresidenta económica anunció que el Consejo de Ministros va a estudiar el viernes la recuperación del gravamen de este impuesto, que estaba congelado desde el 2007 por el Ejecutivo socialista.
El impuesto, que afectará a las rentas más altas y busca afianzar los objetivos de déficit público, se aplicará temporalmente en los años 2011 y 2012 con efectos recaudatorios en los años siguientes.