El gobierno de Santa Fe dijo que dejaría de supervisar a partir del 1º de abril a los convictos de la Justicia federal que estén gozando dentro de su territorio de beneficios como la libertad condicional, el arresto domiciliario y las salidas transitorias. Luego de una comunicación con la Nación se prorrogó 45 días para analizar como seguirá la situación. 

En la provincia de Santa Fe hay 545 personas con condena de juzgados federales que hoy gozan de beneficios que pueden englobarse como alternativas a la pena de prisión.

Hasta ahora el control y supervisión de estas personas estaba a cargo de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria de Santa Fe, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia.

“La relación con la Nación es buena, como con el ministro de Justicia", dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, sin embargo el conflicto surgió a raíz de un convenio que venció en diciembre pasado, en el cual la provincia realizaba los controles postpenitenciarios. "Nos comunicamos con el Ministerio de Justicia y no obtuvimos respuesta", declaró. Sin embargo luego de conocerse la reacción de la provincia el subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación habló con autoridades provinciales y se llegó al acuerdo de prorrogar por 45 días, para analizar la situación. 

La discusión sobre quién debe ocuparse de esta tarea no es nueva y tiene en su historia más de una polémica. En términos legales quien debe hacerlo es el gobierno nacional, pero en Santa Fe hace tiempo estaba a cargo de la provincia en virtud de un convenio de colaboración firmado hace años.

A cambio el Estado santafesino recibía una partida presupuestaria, que en la Casa Gris siempre se percibió como insuficiente para cubrir los costos de la tarea. En 2015 fue de 190.669,70 pesos, una cifra considerada apenas “simbólica” por los funcionarios del Ministerio de Justicia provincial que ahora lideran la decisión de retirar esta colaboración con la Nación.

Silberstein explicó que "los recursos que cargaba la Nación eran insuficientes y los jueces nos estaban pidiendo que controláramos situaciones de presos y no condenados...por ley no podemos controlar a presos no condenados”.

Audio: Ricardo Silberstein - Ministro de Justicia y Derechos Humanos