Tracción a sangre: cuestionan la iniciativa del Poder Ejecutivo

La Asociación Civil “Capibara. Naturaleza, Derecho y Sociedad” se pronunció críticamente sobre el proyecto impulsado desde el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe que prohíbe la tracción a sangre animal en el territorio provincial: “Estamos preocupados y al mismo tiempo asombrados por la forma en que el Poder Ejecutivo decidió abordar este tema, dado que una simple prohibición sin una correlativa solución del problema de fondo da cuenta de una gran improvisación en un asunto tan delicado. Es llamativa la pobreza de este proyecto de ley tanto en su fundamentación como en sus disposiciones normativas” - expresaron desde la ONG.

En una comunicación formal dirigida a las autoridades provinciales, desde Capibara plantearon que un debate responsable sobre la tracción a sangre animal constituye una oportunidad inmejorable para armonizar la relación entre naturaleza y sociedad: “Una parte de la fotografía de esta problemática es el sufrimiento y el maltrato de los caballos, el cual se encuentra debidamente probado. Sin embargo, la fotografía es más amplia y compleja. La realidad muestra que los usuarios pertenecen a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, quienes son empujados por la pobreza y la desocupación a llevar adelante un trabajo al margen de toda formalidad y sin los más mínimos recaudos de seguridad, higiene y salubridad. El caballo se convierte, para ellos, en fuente de los magros recursos que obtienen por su tarea y que les permite la subsistencia. Subsistencia que se basa en lo que otra parte de la sociedad - que muchas veces termina por estigmatizar a quienes llevan a cabo la tracción a sangre – descarta a modo de basura”. 

Desde esa óptica, la ONG agregó que es injusto impulsar un proyecto de ley que explicite como sus únicos y excluyentes objetivos la “priorización de la salud animal” y la obtención de una solución para la “inseguridad vial que esta práctica representa”. Incluso la expresión “suciedad que su circulación conlleva” - consignada en el mensaje que acompaña al proyecto -, implica cierto tono de discriminación mientras, curiosamente, se guarda silencio respecto a la situación de los usuarios, a quienes se limita a mencionar como “un sector de la población”.

Derechos de la naturaleza y derechos sociales


“Pensamos que la fundamentación de una normativa sobre este problema necesariamente debería considerar una propuesta de transición que, desde una perspectiva que armonice la relación entre naturaleza y sociedad, colabore en la construcción de alternativas que erradiquen, simultáneamente, esta situación de sufrimiento y maltrato animal y de exclusión social” - sostuvieron desde Capibara -. 

“Los Derechos de la Naturaleza en general -y los de los animales no humanos en particular - no pueden ser entendidos desde un divorcio con lo humano, y mucho menos cuando están en juego derechos sociales fundamentales de los sectores más relegados de la sociedad. Por el contrario, se puede visualizar en ellos una nueva oportunidad no sólo para revisar el lazo solidario con el mundo natural sino, también, el lazo solidario entre los humanos. En función de ello planteamos que la solución sobre este tema debe ser integral, progresiva y real, y surgir de un debate previo público, amplio y de calidad, con participación de todos los actores involucrados y de los colectivos de carreros en particular. El Estado no puede tomar como únicos interlocutores a quienes abogan por criminalizar la pobreza, sancionando de modo inconsulto una norma prohibitiva como la presentada”.

Mensaje del poder ejecutivo provincial


La nota presentada por la Asociación Civil Capibara también analiza el texto del mensaje Nº 4446 presentando ante la legislatura provincial el pasado 8 de marzo de 2016, el cual califican como “pobre” desde lo normativo, con fundamentos “escuetos que simplifican la enorme complejidad de la tracción a sangre en la provincia de Santa Fe” y “parcialmente engañoso” puesto que, por una parte, prohíbe la tracción a sangre y, al mismo tiempo, solicita la adhesión de municipios y comunas.

“Esto último – argumentan – es la gran trampa del proyecto, puesto que el Poder Ejecutivo establece la prohibición de la tracción a sangre pero requiere, para su efectividad, la adhesión de municipios y comunas. Ello nos puede conducir a situaciones de hecho en las que algunos municipios de las áreas metropolitanas adhieran y otros no, generándose un estado de fragmentación y cumplimiento territorial parcial de la prohibición” - advirtieron -.