Desde que se anunció el último aumento en la tarifa eléctrica, y fundamentalmente cuando comenzaron a llegar las primeras boletas, los organismos y asociaciones de defensa de consumidores comenzaron a ver incrementada la cantidad de consultas sobre el tema.

En esa dirección, la Organización no Gubernamental Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), delegación Santa Fe, reclamó la conformación de una mesa de diálogo en la cual se puedan exponer las problemáticas vinculadas con el servicio que brinda la Empresa Provincial de la Energía (EPE). La ONG planteó que uno de los ejes centrales de la discusión sería la tarifa social a la cual acceden los sectores de bajos recursos. “No puede ser que un vecino que vive en Bulevar pague lo mismo que uno que vive en Blas Parera al 8000. Mucha gente humilde no llega a pagar la factura y hoy para acceder a la tarifa social tenés que acreditar un ingreso de 300 pesos, o sea que tenés la Asignación Universal y no podés tener la tarifa social”, sostuvieron desde UCU.  

A su vez, el Defensor del Pueblo, Luciano Leiva señaló que ante la falta de información necesaria para los usuarios, sobre todo vinculada a la tarifa social, se solicitó por nota a la Empresa Provincial de la Energía que brinde datos acerca de las características del incremento.   “Se pidió hace pocos días. Particularmente, para atender los problemas de las personas de bajos recursos y ahí hay un tarifario donde hay distintos tipos de tarifa social. Ahí la cosa es bastante más compleja”, explicó. “Le hemos dicho incluso por nota a la EPE que informe sobre todo las características del aumento en la tarifa social que haya disponible, para que la gente sepa a qué atenerse”, agregó. En este sentido, Leiva contó que desde los primeros días de febrero, momento en el que se confirmaron los aumentos, sobre todo los vinculados a la quita de subsidios decidida por el gobierno nacional, la Defensoría comenzó a conversar con la EPE al respecto.

“Nosotros lo hemos planteado formalmente, y hemos tenido varias reuniones con el directorio, con la gerencia de comercialización, y demás, pero lo último que hicimos fue pedirles por favor que informaran”, manifestó. Leiva comentó que, una vez dictadas las resoluciones con las nuevas tarifas, el organismo requirió a la EPE “que informe a la población lo más ampliamente posible porque es un derecho del usuario saber cuál es la tarifa, y cómo puede ahorrar, ya que hay una serie de posibilidades para que la tarifa baje en función del consumo energético”. “Lo que sí es cierto es que no hay información suficiente, y lo que nosotros decimos es que es un derecho de los usuarios, en relación con las empresas prestatarias, el de tener información amplia y suficiente para saber a qué atenerse”, enfatizó.

Lo informado a nivel oficial

El 3 de febrero, a través de un comunicado de prensa, el gobierno provincial notificó que la suba del costo de la electricidad dispuesta por la Nación iba a impactar desde el 1 de febrero en Santa Fe, y que en cuanto, a los casos sociales o usuarios con tarifa diferencial, el nuevo cuadro tarifario se iba a reflejar en subas promedio de 27 pesos mensuales para los jubilados con un consumo bimestral menor a 200 kWh, y de 12 pesos por mes para los 80.000 beneficiarios de la tarifa social.

En tanto, el 29 de febrero, a través de otro parte se informó que Santa Fe ampliaba la cantidad de clientes con tarifa social y que según un entrecruzamiento de datos que realizó la empresa provincial con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), unos 133 mil usuarios santafesinos reúnen los requisitos para acceder a la tarifa social nacional.