Se firmó un convenio de cooperación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Colegio de Abogados (segunda circunscripción) de Rosario y la Caja Forense para poner en marcha de la ley provincial de mediación, recientemente reglamentada por el Poder Ejecutivo.



El acuerdo fue suscripto por el ministro de Justicia y Derechos Humano, Héctor Superti; el presidente del Colegio de Abogados (segunda circunscripción), Ignacio Del Vecchio, y por la Caja Forense (segunda circunscripción) lo hizo Jorge Ignacio Campana.



El convenio contempla el alquiler de la planta baja de un inmueble ubicado en Pellegrini 2015, cuya propiedad es de la Caja Forense, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde funcionarán las distintas oficinas de Registro, Gestión y Protocolo que conforman la Agencia de Mediación (Agem) encargada del administrar el sistema.



Por su parte, el Colegio de Abogados alquilará la planta alta donde se instalarán oficinas para que los profesionales matriculados en su jurisdicción desarrollen las tareas propias de la mediación prevista en la ley.




La ley de mediación había sido impulsada por el Poder Ejecutivo que envió un mensaje a la Legislatura en 2009, en el marco de sus políticas de transformación de los sistemas judiciales de la provincia. El año pasado la norma fue aprobada y ahora el decreto, firmado por Binner y Superti, reglamenta cuestiones orgánicas y de procedimiento.



En primer término, establece que al sistema lo administrará una agencia, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y estará apoyada en tres oficinas. Una tendrá el registro de mediadores, de co-mediadores y de entidades habilitadas para la capacitación de los mismos, otra será destinada a lo atinente a la gestión y por lo tanto recibirá los pedidos de mediación, sorteará los mediadores y los notificará y la tercera llevará los protocolos y archivos de actas donde van a quedar registradas las actuaciones, ya sea por haber llegado a un acuerdo o no (en ese caso quedan habilitadas las partes para concurrir a la justicia).



El plazo para que rija plenamente en toda la Provincia el sistema es de tres años.