El hijo del empresario Lázaro Báez, Leandro, presentó esta mañana un escrito ante la Sala II de la Cámara Federal en el que volvió a pedir la recusación del juez federal Sebastián Casanello, quien procesó y detuvo a su padre por el delito de lavado de dinero, al recordar que el magistrado tiene una causa pendiente por supuesto encubrimiento. También, en la presentación que hizo su abogado patrocinante Santiago Viola se revela que en el estudio jurídico recibieron "gran cantidad de información anónima" sobre el supuesto encuentro en la Quinta de Olivos en 2015 entre la entonces presidente Cristina Elisabet Kirchner, Báez y el juez.

Al respecto, en el escrito al que tuvo acceso Infobae se destacó que "se ha recibido de forma anónima en este estudio jurídico una gran cantidad de información y pruebas" sobre el supuesto encuentro, el cual fue desmentido de manera insistente por Casanello. "Todo ello también surge de la nota periodística del 5 de junio de 2016 del diario Clarín -de la cual se acompaña una impresión-. Si bien se desconoce su procedencia y la veracidad de la misma (…) se desprende que el día 6 de agosto de 2015 -fecha en la cual las notas periodísticas expresan que hubo un encuentro en la Quinta de Olivos entre el doctor Casanello, el señor Lázaro Báez y la doctora Cristina Elisabet Fernández de Kirchner- el abonado número 115496….(que pertenecería al doctor Sebastián Casanello) a las 8:28 horas se encontraba en la celda GKN 0053 que corresponde a la Quinta de Olivos".

Los abogados de Leandro Báez -quien permanece en Santa Cruz- presentaron el escrito ante los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, minutos antes de que Lázaro Báez, el dueño de Austral Construcción, se presente ante los mismos magistrados que deben definir si ratifican su procesamiento con prisión preventiva.

Sin embargo, la novedad en la estrategia jurídica de los abogados del hijo del empresario fue la mención ante los camaristas de una causa por supuesto encubrimiento de Lázaro que el propio Casanello tiene pendiente de resolución ante la Cámara. Se trata de un proceso abierto por una denuncia de Elisa Carrió de 2013, que involucró al juez actuante, a la procuradora general Alejandra Gils Carbó y a los entonces fiscales especiales Carlos Gonella y Omar Orsi, de la Procelac.

La legisladora había acusado a los cuatro por supuestamente haber encubierto a Báez, al desvincularlo en la primera etapa de la investigación de la denominada "ruta del dinero K", cuyo principal acusado era el valijero Leonardo Fariña. Ante esa presentación del 2013, el fallecido fiscal Gerardo Di Masi pidió ante el juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi, el procesamiento de Casanello, Gils Carbó, Gonella y Orsi.

"El hecho que el doctor Casanello esté imputado por su desempeño en esta causa y que desde el año 2013 a la fecha esté siendo investigado, sería suficiente motivo para haberse apartado", argumentaron los abogados de Leandro Báez.

Según el escrito elevado por Viola a la Cámara, "la imputación del doctor Di Masi es clara concisa y desde 2013 a la fecha se han ido realizando pruebas, pero aún no posee resolución definitiva. Es decir que el doctor Casanello lleva el peso de esta imputación en cada actor procesal que realiza y que ha realizado desde 2013 a la fecha".

"¿Qué ocurriría con el presente expediente si luego de un tiempo, el doctor Casanello es procesado y, eventualmente, condenado por direccionar el curso de la investigación? Como mínimo, todo lo que hubiera realizado y actuado sería cuestionable. La imputación de un fiscal en un requerimiento es más que suficiente para fundamentar la parcialidad o el temor de parcialidad del juez", estableció la presentación.

Los abogados de Leandro Báez recordaron la causa 4773, del año 2013, que se había abierto por la denuncia de Carrió sobre supuesto encubrimiento a Báez. La diputada consideraba que Casanello, Gonella, Orsi y Gils Carbó habían actuado para desvincular a Báez del caso, cargando toda la carga penal sobre Fariña.

Esa denuncia tuvo eco en el fallecido fiscal Di Masi, quien imputó a todos y pidió su procesamiento por encubrimiento del delito de lavado de dinero, en beneficio del empresario patagónico. El juez Martínez de Giorgi aceptó el requerimiento, pero solo de Gonella y Orsi.

Ante esta decisión, Di Masi apeló a Cámara, que se expidió. Convalidó la decisión sobre esos ex fiscales, pero no se expidió sobre Casanello ni Gils Carbó. Ahora, la causa sigue en trámite en el mismo juzgado federal 8 y el fiscal que actúa ahora es Juan Pedro Zoni, quien antes trabajó con el propio Gonella.

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