El juez de Investigación Penal Preparatoria, Gonzalo Basualdo, resolvió este lunes confirmar la prisión preventiva de Manuel Díaz, el empleado judicial acusado de abusar a su hija menor en reiteradas oportunidades en la ciudad de Vera (quien tras recuperar la libertad fue denunciado por nuevos abusos contra la adolescente en la vía pública y luego por hacerla ingresar mediante engaños a la alcaidía de Vera para que se retractara). En el caso actúa el Centro de Asistencia Judicial (CAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como querellante en representación de la víctima.

La defensa había solicitado una morigeración de la prisión preventiva, a lo que el CAJ y la Fiscalía “se opusieron enfáticamente porque existen riesgos procesales, peligro de fuga y de entorpecimiento de pruebas”, explicó el abogado querellante Nicolás Vera. El juez se inclinó por esta postura y ordenó que el imputado continúe detenido, rechazando el pedido de la defensa (sobre la resolución de primera instancia que abre las puertas al juicio contra Díaz).

“Estamos esperando que quede firme las resoluciones del juez de primera instancia ya que el paso siguiente sería el inicio del juicio”, continuó el abogado. “Tenemos la firme convicción de la autoría de los hechos de abuso sexual por parte de de este exempleado judicial sobre la menor de edad. El CAJ, como institución del Poder Ejecutivo, es la única oficina de víctimas del país que actúa como querellante, he ahí la importancia de la tarea que estamos llevando adelante”, detalló Vera.

Díaz había sido durante muchos años empleado del juzgado de instrucción de Vera y al momento de la primera denuncia de la adolescente, en febrero de 2015, se desempeñaba en el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. A raíz de la investigación por los abusos sexuales denunciados, el hombre fue detenido. Tras dos meses recuperó la libertad y regresó a su domicilio, mientras que la adolescente fue a vivir con la madre. En junio de 2015 fue nuevamente sometida sexualmente en la vía pública y sindicó como autor a su padre, quien desde entonces permanece privado de libertad. Esto le valió a Díaz una segunda causa penal en su contra.

En el primer caso se lo acusa por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser el encargado de la guarda de la menor; corrupción de menores agravada por ser persona conviviente y encargado de la guarda de la menor; y abuso sexual con acceso carnal agravado por ser encargado de la guarda de menor. Por este hecho, el CAJ pidió la pena de 25 años de prisión.

En relación al segundo hecho el CAJ pidió la pena de 21 años por los delitos de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por grave daño a la salud y por ser encargado de la guarda, así como desobediencia a una orden judicial (dado que tenía prohibición de acercamiento a su hija), todo eso en concurso real.

El proceso se encuentra en un punto en el cual el juez de Investigación Penal Preparatoria admitió en su totalidad la acusación presentada por la Fiscalía y la querella, ordenó que oportunamente se abra el juicio, ratificó la prisión preventiva y admitió toda la prueba presentada por el CAJ. Sin embargo la defensa planteó una apelación por estar en disconformidad con la resolución del juez.

“En las audiencias de apelaciones se produjo un debate de mas de 3 horas, allí solicitamos que se confirme la resolución de primera instancia, para poder avanzar en el juicio y poder permitirle a la víctima cerrar esta cicatriz y reestablecer su vida. Aguardamos la resolución de la alzada, en el plazo legal que la ley faculta al juez para decidir”, concluyó el abogado Nicolás Vera.

SOBRE LOS CAJ
Los CAJ dependen de la Dirección de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Fueron creados en 2009 en distintos puntos de la provincia y actualmente funcionan cinco sedes en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Tostado, Vera y Reconquista; con el objetivo de ofrecer contención, respuesta y acompañamiento a víctimas y testigos de delitos. Además de la asistencia jurídica que prestan los abogados, estos centros cuentan con equipos de psicólogos y trabajadores sociales a los fines de brindar una asistencia integral a los damnificados y sus familiares.

La oficina de Asistencia a la Víctima de los CAJ es la única oficina de víctimas del país que puede ejercer representación de las mismas en juicio, patrocinándolas o, mediante poder especial, constituyéndose como querellantes.