La noticia de que sectores del Gobierno estarían trabajando detrás de un proyecto para estatizar las obras sociales comenzó a generar una gran preocupación en el sindicalismo y empresarios. Es que –tal como adelantó El Cronista el miércoles– en los despachos del ministerio de Economía, la ANSeS y el PAMI circula desde hace varios meses un proyecto de reforma del sistema de obras sociales, que de aplicarse tendría graves implicancias para el gremialismo, que perdería el control de la caja de los aportes que reciben unas 300 obras sociales. Se intentaría una modificación de algunos artículos de la Ley 23.660 de obras sociales actualizada según leyes 25.239, 23.890 y el decreto de 486 de 2002. Otra de las alternativas sería una nueva ley aprobada en el Congreso. Según trascendió, sectores del Gobierno proponen quedarse con un flujo de fondos mensuales de aproximadamente $ 2.500 millones, unos $ 30.000 millones anuales, que provienen del 6% del aporte que hacen los trabajadores de su sueldo, de los cuales una parte va a las obras sociales y otra parte al PAMI. Y el otro 6% que hace el empleador y los aportes que realizan los 1,4 millones de monotributistas.

Pero además de eso el plan oficial incluiría no solo los aportes, si no que iría un poco más allá. Lo que se buscaría además al modificar las leyes es que varios activos físicos como hoteles, predios y empresas que están en poder de los sindicatos pasaran nuevamente al Estado.

No obstante ello, fuentes del ministerio de Economía que dirige Amado Boudou negaron ayer que el proyecto esté en bajo estudio. Inclusive, desde la red social twitter, Julio Piumato, de la CGT, aseguró que el candidato a vicepresidente por el oficialismo le negó las versiones de cambios en las obras sociales.

En rigor, quien comenzó a pensar en ese proyecto fue el ex presidente Néstor Kirchner a mediados del 2008, cuando en plena crisis con el campo le pidió al interventor del PAMI, Luciano Di Cesare, que estudiara una reforma para el PAMI junto a la Administración de Programas Especiales (APE) de la Superintendencia de Salud. Lo que intentaba Kirchner era que el PAMI se transformara en una “mega obra social estatal”. El proyecto plantea que el porcentaje del salario que aportan los trabajadores a sus respectivas obras sociales y parte de lo que aportan los empleadores vaya a parar al Estado, en lugar de depositarse en las obras sociales.

Así, los prestadores privados como las clínicas, las farmacias, y los laboratorios, se transformarían en proveedores directos del Estado y desaparecería la intermediación. La intención sería armar una especie de plan “Salud Para Todos” y que el estado también compita de lleno con la medicina prepaga.