El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, le comunicó hoy por nota al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Di Pollina, que las vacantes del Poder Judicial y de la policía invocadas por la oposición como posibles de utilizar ya están afectadas a otros fines, según confirmó la propia Corte Suprema y el Ministerio de Seguridad. Y por eso es necesario que la Legislatura apruebe cuanto antes los cargos solicitados para llevar adelante las reformas judiciales, en especial en materia penal.

En ese sentido, Superti insistió en la urgencia de aprobar los cargos, tal como lo había manifestado el 17 de agosto en Diputados, donde explicó en detalle los pasos de la implementación de las reformas judiciales. En esa oportunidad los legisladores habían coincidido en la importancia de los cambios que se están llevando adelante en la provincia, sobre todo en el terreno del proceso penal. Pero dijeron que en la web oficial figuraban cargos vacantes que podrían ser utilizados, lo cual según las averiguaciones realizadas por el ministro Superti no es así. Esta novedad, junto con la documentación correspondiente que la avala, fue comunicada hoy al presidente de la Cámara baja, Eduardo Di Pollina.

EN DETALLE

En febrero y abril de este año, el Poder Ejecutivo reiteró a través de dos mensajes la solicitud de cargos para las tres instituciones de la nueva justicia penal, por un lado, y para otros fueros, por otro. Esos cargos aún no han sido aprobados por la Legislatura, a pesar de estar contemplados en el presupuesto y previstas las partidas correspondientes. Incluso la Corte Suprema se expidió el 16 de agosto pasado de manera expresa sobre la necesidad de los nuevos cargos.

En la nota cursada a Di Pollina, Superti plantea que la información suministrada por el diputado Mario Lacava en relación a la presunta existencia de más de 500 vacantes "no figura en ninguna página web de la provincia, por lo que si bien fue correcto el dato aportado, no era de público conocimiento como se dijo en esa ocasión, ni dicha referencia contenía desagregados las categorías o niveles de los cargos que mencionaba". Luego, el ministro de Justicia y Derechos Humanos aclara que las vacantes no están disponibles, pues así se lo informaron por escrito tanto la Corte Suprema como el Ministerio de Seguridad.

"Ante la contradicción originada por el hecho de que por un lado la propia Corte Suprema pedía cargos nuevos y por otro se esgrimía la existencia de más de quinientos cargos vacantes en el Poder Judicial, el mismo 17 de agosto envié una nota al Alto Tribunal pidiendo se aclare dicha circunstancia", explica Superti. "La contestación fue remitida el 24 de agosto, informándose que las vacantes indicadas por el diputado Lacava si bien son reales no se encuentran disponibles debido a que están afectadas: por un lado a la conformación de nuevos tribunales que básicamente están en proceso de implementación (estamos concursando los cargos de jueces de muchos de ellos) y por otro a la ex justicia comunal, hoy Justicia Comunitaria de las Pequeñas Causas que se estructura sobre aquella, y que también se encuentra en proceso de implementación, tal como surge del decreto Nº 1.535 del 11 de agosto de 2011, por el que no sólo se reglamentan los concursos para la designación de jueces con esa competencia, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por la ley 13.178, recientemente sancionada por esta Legislatura, sino que además activa un concurso en trámite para cubrir 20 de esas vacantes", agrega el ministro en la nota enviada hoy a la Legislatura.

"Similar resultado arroja lo informado por el Ministerio de Seguridad respecto a los cargos vacantes en el área policial, pues no tienen financiamiento o están afectados a los próximos egresados del Isep o tienen destino reservado para gestiones en trámite, situación que se repite con el personal penitenciario", detalló Superti.

La nota concluye recordando el amplio y contundente apoyo expresado en la reunión del 17 de agosto a una implementación rápida, eficaz y responsable de la reforma procesal penal, y al mejoramiento del servicio de justicia en general, y por lo tanto solicita el pronto tratamiento y sanción de las leyes requeridas.