El dispositivo legislativo crea un derecho para los asalariados y una obligación para las grandes empresas, la de regular el uso de las tecnologías de la comunicación (mensajerías y correos electrónicos o teléfonos móviles) para garantizar el respeto del tiempo de descanso y de las vacaciones.

El Ejecutivo estableció en el texto que adoptó el Parlamento en verano que la forma de hacerlo será por la negociación entre las partes, de forma que en las compañías de más de 50 empleados dirección y representantes de los trabajadores tendrán que discutir para llegar a un acuerdo que podrá tener validez uno o varios años.
 

El objetivo es fijar las "modalidades del pleno ejercicio del derecho del asalariado a la desconexión", así como "la puesta en marcha por la empresa de dispositivos de regulación de la utilización de herramientas digitales".

Si no se alcanza un compromiso, será el empresario el que redacte una "carta" con las reglas.

En cualquier caso, la ley no implica la obligación de apagar el móvil profesional al finalizar la jornada laboral, ni el cierre del servidor para envío de correos electrónicos profesionales a partir de una determinada hora.

La norma se limita a abrir la puerta a una regulación, en principio consensuada, y en función de las necesidades productivas de cada empresa.

En la conocida como "ley El Khomri", por el apellido de la ministra de Trabajo que la promovió, Myriam El Khomri, se justificaban estas regulaciones por considerar que las tecnologías de la información y de la comunicación, "si están mal controladas, pueden tener un impacto para la salud de los asalariados".

Según un estudio publicado en octubre por el gabinete francés, un 37 % de los activos utilizan sus herramientas digitales profesionales fuera de los horarios de trabajo y un 62 % estaban en favor de una regulación.

La "ley El Khomri" generó un duro enfrentamiento entre enero y julio pasado en la calle entre los sindicatos que la apoyaron (sobre todo la CFDT) y las que la criticaban (CGT y FO esencialmente); y en el Parlamento, entre el Gobierno y una parte de la izquierda (incluidos un grupo de socialistas "rebeldes").

Pero la polémica no venía por el "derecho a la desconexión", que no suscitó controversia, sino porque introduce más flexibilidad laboral y supone un cambio en las reglas de la negociación colectiva, al dar primacía a los acuerdos dentro de la empresa sobre los convenios sectoriales.