Tras el llamado a sesiones extraordinarias para debatir la reforma de la ley de ART –el Ejecutivo lo había hecho por decreto pero dio marcha atrás, aunque no lo derogó– los diputados sesionan desde las 17:30 en las comisiones de Legislación del Trabajo, presidida por el justicialista Alberto Roberti, y Presupuesto y Hacienda, conducida por el macrista Luciano Laspina.

En la apertura de la sesión, Roberti criticó el DNU de Mauricio Macri: "No ayuda sino que pone en demérito el valor del legislador. No ayuda a los trabajadores e incluso iba a generar disputas judiciales en cuanto a su constitucionalidad por tratarse de un decreto y no una ley".

Como contra partida, Luciano Laspina se refirió a las ventajas de la nueva ley y aseguró que "viene a frenar esta enorme litigiosidad". Al respecto, recordó: "Sólo en febrero en Rosario se iniciaron 400 expediente por accidentes laborales"

Luego, tomaron la palabra los diputados. Por el momento hablaron Eduardo Amadeo (PRO), Julio Raffo (Dálogo y Trabajo), Daniel Lipovetsky (PRO), Gabriela Troiano (Socialista), Jorge Franco (Frente de la Concordia Misionero), Luis Petri (UCR), Héctor Recalde (FpV), Oscar Romero (Justicialista), Francisco Furlan (FpV), Héctor Daer (Frente Renovador), Margarita Stolbizer (GEN), Néstor Pitrola (FIT) y Juan Carlos Giordiano (FIT). Los tres últimos y el FpV anticiparon que rechazaran el dictamen. 

"Que haya menos juicios debe ser resultado de que haya menos accidentes y enfermedades laborales. Una vez más se dilapida la oportunidad de abordar la problemática de riesgos del trabajo en su faz preventiva y con un enfoque protectorio hacia los trabajadores, eludiendo la responsabilidad que pesa sobre este Congreso de dotar al sistema de constitucionalidad y legalidad y, al mismo tiempo, restablecer un criterio de justicia y equidad para sus destinatarios", expresó Stolbizer.

Y sentenció: "Con la excusa de bajar la litigiosidad, como único objetivo que persigue esta nueva modificación, se demoniza al trabajador que va a los tribunales. Para bajar la litigiosidad lo que deben hacer es disminuir los accidentes y enfermedades. Se esta volviendo a beneficiar a los sectores económicos en detrimento de los trabajadores". 

El objetivo del oficialismo es conseguir dictamen de mayoría favorable -el Frente para la Victoria ya adelantó que votará en contra y presentará dictamen de minoría- para luego aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados el miércoles. 

La ley ya tiene media sanción del Senado desde diciembre de 2016, lo cual fue motivo de las principales críticas de la oposición, que tildó el DNU de Mauricio Macri de "inconstitucional" por querer saltearse el Congreso. 

Para la sesión del miércoles, el oficialismo espera conseguir los apoyos del Frente Renovador de Sergio Massa y del Bloque Justicialista de Diego Bossio, dos de los tres bloques más importantes de la oposición junto al FpV, que rechazará el proyecto.

"Creemos que vamos a tener el respaldo porque es una ley pedida masivamente por las empresas pymes. En julio 300 empresarios pymes vinieron a pedir que se reforme este régimen escandaloso que sólo le da de comer a los caranchos. Esperamos que la oposición acompañe esta ley que es necesaria sobre todo para las pymes que están siendo estafadas", aseguró en diálogo con Télam el diputado del PRO Eduardo Amadeo.

El proyecto del Gobierno

Con la nueva ley, en caso de un accidente laboral los trabajadores deberán pasar por una comisión médica antes de iniciar un juicio: "Constituirán la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo", explica el artículo 1.

Así, el Ejecutivo busca que las resoluciones de las comisiones médicas tengan carácter de "cosa juzgada" en forma similar a lo que ocurre con los acuerdos entre empleadores y trabajadores homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) del Ministerio de Trabajo, cuyo contenido suele ser irreversible en otro procedimiento judicial posterior.