Un perito especializado en neumáticos realizará para el Ministerio Público de la Acusación un informe que puede ser clave para determinar la responsabilidad penal de empleados o jerárquicos de la firma Monticas en la tragedia de la ruta 33, donde murieron 13 personas y más de 30 resultaron heridas. Será para determinar si las unidades siniestradas u otras tenían las cubiertas delanteras recapadas, lo que está prohibido para el transporte público.

Los fiscales Walter Jurado y Valeria Piazza Iglesias convocaron a un representante de la Federación Argentina del Neumático, especialista en la reconstrucción de los mismos, que vendrá de Buenos Aires a Rosario en una fecha a determinar "para realizar un relevamiento e intentar determinar si los colectivos que participaron del accidente tenían las cubiertas recapadas", confirmaron a Radio 2 desde la oficina de prensa del MPA.

Sobre las cubierta, el propio Jurado confirmó que una de ellas reventó sobre la calzada, que estaban vencidas y que no tenían dibujo. En este caso, los funcionarios judiciales buscan un informe técnico para el cual aún no hay fecha, aunque sería desde la semana próxima en adelante.

En tanto, y según apuntó periodista Hernán Funes en el programa "La primera de la tarde", no asoma aún en el legajo error humano alguno de los conductores, sino más bien todos indicios de que un inconveniente mecánico desencadenó el choque fatal. De ese modo, la firma Monticas queda bajo la lupa, más allá de que aún ningún representante haya sido citado.

En la hipótesis inicial del MPA, el colectivo que salió de Rosario y pasó la llamada "curva de la muerte" cruzó la vía del ferrocarril, lo que podría haber producido una desestabilización en el neumático, que reventó cuando la unidad tomó velocidad sobre la recta posterior, donde se produjo la colisión frontal.

Mientras tanto, día a día siguen prestando testimonio en Fiscalía testigos y víctimas del accidente.

Sobre la empresa Monticas, ya el gobernador Miguel Lifschitz ordenó la caducidad de las concesiones en el territorio santafesino y, posteriotmente, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) dispuso la paralización de la totalidad de los servicios a nivel nacional.